Al salir hoy al medio día de una reunión con el caucus novoprogresista en la Cámara de Representantes, la senadora Zoé Laboy dejó una sola petición: que al menos hicieran vistas públicas para escuchar a los expertos y a las víctimas de las llamadas “terapias de conversión”, que buscan modificar la orientación sexual, en este caso de menores.
Pero en unas horas trascendió que el caucus no le daría paso a la medida, que la Comisión de lo Jurídico (presidida por la representante María Milagros Charbonier) rendiría un informe negativa sobre el proyecto y que, en fin, no lo favorecían presentando como argumento principal que no hay estadísticas locales sobre víctimas o centros que lleven a cabo estas prácticas.
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Según declaraciones escritas de Charbonier, las respuestas de Laboy “no persuadieron del todo a los legisladores presentes”. A tales efectos la mayoría legislativa ordenó a la Comisión de lo Jurídico rendir un informe negativo sobre la medida.
“Charbonier indicó que, a tales efectos, una vez se rinda el informe negativo la medida no se llevaría a vistas públicas ni al “floor” del cuerpo para consideración ni votación”, leen las declaraciones sin abordar los argumentos contra el proyecto.
“Me entristece. Yo respeto la decisión pero no estoy de acuerdo. Creo que este asunto es muy importante porque el propósito principal de este proyecto es proteger a los menores”, dijo en entrevista telefónica apenas a unas horas de enterarse, a través de los medios, de la determinación.
Laboy no quiso entrar en conjeturas sobre si la determinación unánime respondió o no al veto del gobernador Ricardo Rosselló al proyecto que limita el derecho al aborto, o si tenía o no los votos antes de la reunión de hoy.
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“Yo fui confiada”, dijo sobre su expectativa de apertura, de que al menos se mirara la medida, se llevara a vistas públicas y se discutieran las opiniones de la Asociación Americana de Psicología, la Asociación Americana de Psiquiatría, y otras tantas que han establecido desde hace décadas “que las terapias de conversión no solo no cambian la orientación sexual, sino que hacen daño a las personas que son sometidas a estas terapias. Mucho más cuando son menores”.
Sobre el argumento de las estadísticas, ella misma admitió que no habían números disponibles a nivel local y habló a vuelo de pájaro sobre los resultados de estudios en otras jurisdicciones, como en la ciudad San Francisco, de California.
En esa ocasión, 53% de 245 personas de la comunidad LGBT encuestadas (de 21 a 25 años) reportó esfuerzos para cambiar su orientación sexual en la adolescencia. Ese 53% triplicó la cantidad de intentos de suicidio en comparación con los que no reportaron ese tipo de esfuerzo.
“Vamos a repasar las medidas. Yo te aseguro que constantemente estamos aprobando legislación sin estadísticas para fundamentarlas”, defendió.
“Voy a seguir defendiendo a las menores y a los menores en Puerto Rico y voy a estar bien pendiente a que ahora, con esta realidad, más personas se sientan con el derecho de someter a menores a este tipo de terapias. De enterarnos que esto está pasando seguiremos buscando alternativas”
A la facultad de los padres de criar como quieran a sus hijos, la senadora contrapuso un ejemplo: el hecho de que un padre decida golpear a latigazos a si hijo tres veces en semana no significa que eso sea correcto. “El estado tiene la obligación de intervenir y proteger los mejores intereses del menor”, dijo.
El proyecto también tiene como autores a los senadores populares Eduardo Bhatia Gautier, Miguel Pereira Castillo, y al independentista Juan Dalmau Ramírez. Como coautores también figuran el penepé Miguel Romero Lugo, los populares Cirilo Tirado Rivera, Aníbal José Torres, José Nadal Power, y el independiente José Vargas Vidot.
En el senado pasó con siete votos en contra y dos abstenciones.
