Después de una excelente medida contra los discursos de odio y el racismo, Facebook está en la palestra de nuevo, esta vez por discriminación en el ámbito de la vivienda.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) interpuso cargos contra la red social, llevando la discusión sobre la discriminación en sus anuncios al plano legal. El HUD aseguró en una queja en agosto del año pasado que Facebook permitía el sesgo cultural y racial en sus anuncios y publicidad.
La manera en la que dicha discriminación se pone en práctica es a través de los filtros que permiten segmentar el contenido publicitario en la plataforma, como un mapa donde es posible delimitar el acceso a cierta publicidad. En la mayoría de los casos, estos límites afectan a personas pobres y de color.
Este problema tiene su raíz en una práctica muy usada durante gran parte del siglo XX en Estados Unidos llamada redlining: si vivías en cierto barrio los bancos te negaban préstamos para la vivienda, lo que a la larga significó una fuerte decadencia y límites marcados entre barrios de “blancos” y de “minorías”.
De hecho, el acto de marcar en un mapa ciertos lugares donde se limite el acceso a publicidad a la vivienda es peligrosamente similar.
Muchas de aquellas prácticas discriminatorias son ilegales desde 1968, año en el que se puso en marcha el Fair Housing Act, ley federal que asegura un acceso igualitario a la vivienda en dicho país. Ésta ley es la que el HUD está citando para acusar a la compañía de Mark Zuckerberg, ya que si bien Facebook no es el dueño de los anuncios, permite la violación de ley federal en su plataforma, lo que también es ilegal.
No sería la primera vez
Los problemas de discriminación en anuncios publicitarios no son nada nuevo para Facebook. En 2016, el sitio ProPublica puso sobre la mesa los problemas de la herramienta de “afinidad étnica”, que permitía dirigir anuncios a ciertos grupos étnicos o, en su defecto, excluirlos.
Tras el escándalo, la red social prometió mejorar sus herramientas para anunciantes con tal de no violar la ley, pero un informe del mismo sitio el 2017 comprobó que los problemas seguían estando allí. De hecho, Facebook fue obligado a pagar 5 millones de dólares a organizaciones de derechos civiles en una demanda que duró 18 meses.
Facebook no quiere enfrentarse a otra demanda de este estilo, por lo que está buscando solucionar la demanda fuera de la corte.
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