El proyecto de la Cámara 1197, que aspira a prohibir la discriminación en el empleo contra pacientes que utilizan cannabis medicinal recibió ayer luz verde por parte de la Comisión cameral de lo Jurídico luego de un año y siete meses de discusión y de espera por un memorial explicativo del Departamento de Justicia Federal.
La presidenta de la comisión, María Milagros Charbonier, dijo a Metro que, en lugar de aguardar por la opinión, optó por incluir enmiendas para resolver sus preocupaciones en cuanto a la sintonía de la medida con las leyes federales.
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“Establecimos que el patrono puede probar con evidencia prima facie que la utilización del cannabis medicinal representa una amenaza real de daño o peligro para las personas o propiedad, o interfiere con sus funciones de trabajo”, explicó.
La segunda enmienda también pule las excepciones de aplicabilidad. En este caso, el patrono tendría que demostrar que el desempeño o condición del empleado infringe “licencia, permiso o certificación relacionada con alguna ley o reglamentación federal o estricta condición expresa en alguna ley o reglamentación federal”.
A juicio del representante independentista Denis Márquez Lebrón, miembro de la comisión, esta definición es muy “amplia” o ambigua y permitiría a los patronos jugar con esas herramientas para justificar acciones contra algún empleado. Sin embargo, defiende el espíritu del proyecto y considera que es “un paso adelante para proteger la clase trabajadora”.
La medida bipartita es de la autoría de los representantes Jesús Manuel Ortiz y Antonio “Tony” Soto. En síntesis, crearía una categoría “protegida” para los pacientes que son empleados o que están en busca de empleo debidamente certificados para usar cannabis medicinal, agregando garras a la Ley 42 de 2017, o Ley Medicinal.
Ortiz quedó satisfecho con las enmiendas. “Es un proyecto que le hace justicia a muchas personas e impide que una condición de salud justifique el discrimen”, opinó.
Mientras tanto, Charbonier advirtió que este primer paso no garantiza que votará a favor del proyecto una vez se discuta en la Cámara. Una medida senatorial, el 878, plantea aún más garantías para los pacientes y ya se aprobó en la Cámara Alta. La comisión cameral de Gobierno lo evalúa.
