El representante José Alberto Banchs Alemán radicó el jueves, el Proyecto de la Cámara 2044 a los efectos de enmendar la Ley de Vehículos y Transito y la Ley del Seguro de Responsabilidad obligatorio para permitir el uso limitado de los vehículos todo terreno en la vía pública e imponer un seguro de responsabilidad obligatorio a dichos vehículos.
“La ofensiva contra los “four tracks” y las medidas punitivas impuestas no han propiciado la seguridad pública. Por el contrario, el uso ilegal ha continuado con el agravante de que, los costos económicos de los accidentes y los daños a la propiedad han sido sufragados por todos en la sociedad”, dijo Banchs Alemán en declaraciones escritas.
Explicó que en lo que va de año, al menos cuatro personas han fallecido y otras siete han resultado heridas en accidentes relacionados al uso de vehículos todo terreno. La prohibición absoluta al uso de dichos vehículos en las vías públicas no ha reducido sustancialmente su operación en las carreteras pavimentadas del país, tampoco ha reducido los accidentes relacionados a su uso en la vía pública.
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A que a través de los años, se han presentado múltiples piezas legislativas para atender la situación, sin embargo, ante la ausencia de soluciones completas, el estado ha enfocado sus limitados recursos en el procesamiento criminal en lugar de promover el uso responsable.
Las enmiendas propuestas por el Proyecto de la Cámara 2044 incluyen restricciones al uso de vehículos todo terreno en zonas urbanas y expresos; limites en cuanto a horario, días y edad para transitar en las carreteras pavimentadas; autorización para reglamentar las características físicas y mecánicas de los vehículos todo terreno; seguro compulsorio, entre otros.
Por otro lado, la pieza legislativa dispone sobre el uso de los fondos recaudados por concepto de pago de derechos, los cuales, se estiman en 25 millones de dólares. A tales efectos, el representante añadió que “los recaudos por registro de vehículos todo terreno serán destinados en un veinte por ciento (20%) para el pago de horas extras adeudadas a los miembros de la Policía de Puerto Rico, veinte por ciento (20%) para el Negociado de Ciencias Forenses, diez por ciento (10%) para servicios de educación especial y el restante cincuenta por ciento (50%) se destinará a los municipios.
