El Gobierno de Puerto Rico retiró por segunda vez el contrato que sometió a la Junta de Control Fiscal (JCF) para el traslado de confinados a cárceles privadas de Estados Unidos.
“Dado a que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) retiró el contrato del proceso de revisión que hace la Junta, no se concluyó la evaluación del mismo”, dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) José Luis Cedeño, portavoz de prensa de la Junta. La AAFAF asiste al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para establecer el programa de traslado.
En octubre del año pasado, el DCR había retirado el contrato, que comenzaría en $25 millones, debido a que la Junta “solicitó cierta información adicional”, dijo al CPI Héctor Pérez, portavoz de prensa del DCR. En febrero, esa agencia volvió a someterlo para consideración de la Junta, que debe aprobar los contratos que sobrepasan los $10 millones.
“Se retira el contrato, pero no es que no va; se coloca en pausa porque para yo tener un programa exitoso necesito que la Junta apruebe un planteamiento que hemos sometido y que se está evaluando desde noviembre”, dijo al CPI Erik Rolón, secretario de Corrección, quien precisó que el contrato fue retirado por segunda vez la segunda semana de abril.
El planteamiento al que hizo referencia Rolón es que para este año fiscal la JCF le aprobó a Corrección en el presupuesto un estimado de ingresos propios “bien por debajo” de lo que, según el funcionario, está generando su agencia.
“Ya nosotros decidimos que para que [el programa] fuese exitoso, yo necesito esos fondos para entonces poder hacer mejoras y reparaciones en ciertas instituciones, porque de esa manera yo duplico la consolidación de instituciones correccionales, que es donde entonces realmente están los ahorros. De nada vale yo seguir para adelante [con el programa de traslado] si mi premisa fiscal no se cumple”, indicó Rolón.
La diferencia entre lo que aprobó la Junta para el presupuesto vigente y lo que genera su agencia es de $5 millones, y corresponde a un acuerdo en el que el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) le paga a Corrección por albergar confinados en cárceles de Puerto Rico, según Rolón.
El presupuesto se aprobó en julio de 2018, pero Corrección sometió a la Junta un “planteamiento para ajustar el estimado de ingresos propios” en noviembre, dijo el secretario.
El CPI preguntó a Rolón por qué Corrección volvió a someter el contrato de traslado en febrero sabiendo que no contaba con esos $5 millones en el presupuesto. La respuesta del secretario, enviada por correo electrónico, no contesta la pregunta: “Se volvió a someter la aprobación del contrato porque lo medular es la premisa fiscal”.
Si Corrección no logra obtener el presupuesto para la consolidación de instituciones, ¿se cancelaría el programa de traslado?, preguntó el CPI a Rolón. El secretario no contestó esta pregunta.
El CPI solicitó a la Junta de Control Fiscal una reacción sobre las declaraciones de Rolón, pero la solicitud no fue contestada.
Reacciona CoreCivic
Los atrasos en la aprobación del contrato, ¿afectan la disponibilidad de CoreCivic para firmar el acuerdo?, preguntó el CPI a Rolón.
“Es un riesgo que nos estamos tomando. Obviamente, al no haber un acuerdo firmado, ellos están en toda la libertad de alquilar los espacios [en la cárcel de Misisipi] a otro estado o jurisdicción… [CoreCivic] sigue teniendo información y cada vez que llamamos [a la Junta] nos dicen que sí, que están a punto de aprobarlo, pero como ya ha pasado un tiempo considerable, pues decidimos colocarlo en pausa”, respondió el secretario.
Joel Cintrón Arbasetti / Centro de periodismo investigativo. Este reportaje se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede accederlo completo en periodismoinvestigativo.com
