Medios peruanos e internacionales confirmaron la muerte del expresidente de dicho país, Alan García, quien luchaba por su vida tras dispararse un tiro en la cabeza cuando la policía se aprestaba a detenerlo en medio de acusaciones de haber recibido un pago ilegal del gigante brasileño de la construcción Odebrecht.
El Ministerio de Salud indicó en un comunicado oficial que el expresidente tenía un “impacto de bala, entrada y salida, en la cabeza” y que su estado de salud “es delicado y pronóstico reservado”. Añadió que el exmandatario ingresó al hospital limeño “Casimiro Ulloa” a las 6.45 (1145 GMT) y a las 7.10 (1210 GMT) fue trasladado a la sala de operaciones donde lo interviene un equipo de 27 especialistas.
El director del hospital, doctor Enrique Gutiérrez, indicó que García tuvo tres paros cardiorrespiratorios durante la operación. Poco después, en conferencia de prensa, la ministra de Salud, Zulema Tomás, indicó que la situación del exmandatario de 69 años “es muy crítica, muy grave”.
La descripción oficial de lo ocurrido la dio el ministro del Interior, Carlos Morán. El funcionario explicó en conferencia de prensa que cuando el equipo fiscal ingresó junto a la policía al primer piso de la mansión del expresidente, García -que se encontraba en el segundo piso- indicó “que iba a hacer una llamada a su abogado, ingresó y se encerró” en su dormitorio.
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“A los pocos minutos se escuchó un disparo”, dijo Morán. Cuando la policía ingresó al dormitorio de García lo “encontró en posición de sentado” bañado en sangre.
Los periodistas locales que se encontraban en los exteriores de la casa de García, en el barrio de Miraflores, vieron salir a una camioneta donde iba el expresidente. El ministro del Interior indicó que de inmediato se suspendieron todas las diligencias judiciales y se trasladó “sin perder tiempo” al expresidente al hospital.
Según la orden judicial obtenida por The Associated Press el juez Juan Sánchez había ordenado arrestar a García y allanar su casa para obtener documentos que pudieran servir para la investigación desarrollada por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. El magistrado también ordenó detener a otras ocho personas, entre ellas dos exministros del gobierno de García.
De acuerdo con la fiscalía el expresidente habría recibido unos 100,000 dólares de Odebrecht, maquillados bajo la apariencia de pagos por una conferencia en Sao Paulo que García realizó en 2012.
A fines de 2018 el expresidente intentó evadir a la justicia ingresando a la embajada de Uruguay en Lima y solicitando un asilo por supuesta persecución política. Su pedido fue rechazado por el gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vásquez. Desde entonces vivió vigilado por la policía porque prohibido salir del país por 18 meses.
El expresidente gobernó Perú en dos oportunidades. La primera vez entre 1985-1990 y dejó al país sumido en su mayor crisis económica contemporánea. Luego volvió al poder en el periodo 2006-2011.
En tanto, el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado la noche del martes a una clínica privada desde la celda donde cumple 10 días de arresto debido a un cuadro de presión arterial alta. El exmandatario también afronta una investigación por presunto lavado de activos y por su supuesta injerencia en la adjudicación de obras millonarias a Odebrecht.
Kuczynski, de 80 años, salió de una base policial en el centro de Lima, donde está detenido desde el viernes, y fue llevado a la clínica Angloamericana en el acomodado distrito limeño de San Isidro. Durante la jornada estaba programada una audiencia judicial para decidir si se aumentaba o no su detención a 36 meses mientras es investigado.
Todos los presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Alejandro Toledo (2001-2006) reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición y Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso entre 2017 y 2018.
Odebrecht está en el centro del mayor escándalo de corrupción de América Latina después de admitir en 2016 como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que sobornó a funcionarios corruptos de la región por cerca de 800 millones de dólares a cambio de recibir contratos de obras de infraestructura.
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