El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, tildó de “abusador” al gobernador Ricardo Rosselló por supuestamente pretender castigar el bolsillo de los más vulnerables por medio de un impuesto a las propiedades residenciales.
Según explicó, dicho impuesto rondaría cerca de los 1,000 millones.
PUBLICIDAD
“Una vez más, Rosselló propone meterle la mano en el bolsillo a la gente. Sin embargo, cuando la prensa lo confronta, se hace el desentendido. Que el país sepa que quien propone un aumento indiscriminado a todas las propiedades en la Isla es él (Rosselló)”, subrayó el Portavoz.
“Si en algo ha sido consistente esta administración es en tratar de desvincularse de toda controversia echando culpa a otros, ó contestando con un ‘no sabía’. La verdad es que se desprende del informe del Tesoro de los Estados Unidos que en el plan fiscal presentado por el Gobierno de Rosselló se establece que el Directo Financiero (CFO) realizaría una evaluación del sistema catastral del territorio. También se establece la creación de una cuota municipal por unidad de vivienda para alcanzar la meta en recaudos necesarios. Además, se establece la eliminación de las excepciones contributivas residenciales y comerciales. Pero eso no termina ahí. El Gobierno de Rosselló propone en ese informe adoptar un impuesto de $0.11 por metro cuadrado, y 409 millones para remplazar el impuesto sobre la propiedad mueble y el inventario”, añadió Hernández Montañez.
“Que nadie se llame a engaño. Rosselló y el Partido Nuevo Progresista (PNP) cocinan aumentarle las contribuciones a los más necesitados para seguir llenándole los bolsillos sus allegados. La mayoría de las personas que se verán afectadas con este impuesto, lo único que tiene de valor es su casita humilde. Desde que comenzó este cuatrienio, lamentablemente, el peso de la crisis se la ha puesto en los hombros a los trabajadores, los viejos y los más necesitados. Ahora los amenazan con quitarle su hogar. Son unos abusadores”, sentenció.
“Es irracional pensar que con menos gente, menos empresas y menos actividad económica la solución sea cargar más el bolsillo de los contribuyentes con $1,000 millones adicionales. Lo lógico sería una propuesta que no aumente las contribuciones ni un centavo y proporcionen los recaudos, reduciendo $1,000 millones en contribución sobre ingresos y ampliando la base en consumo e inmueble para contrarrestar la reducción”, señaló Hernández Montañez.
