La alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto informó el miércoles, que entabló una demanda federal incoada por el Municipio contra la Junta de Control Fiscal (JCF) por cubrir a los municipios bajo la Ley federal PROMESA.
“La experiencia del país con la Junta de Control Fiscal es que la Junta le quita al pueblo puertorriqueño para pagarle a los bonistas. No hay razón para pensar que la nueva intromisión de la Junta con los municipios, que ya cubre a los 78 municipios, tenga un resultado diferente a lo que ha sucedido en el gobierno central. Nuestros pensionados ven amenazadas sus pensiones, se ha atentado contra la educación con el cierre de escuelas públicas, ya atentaron contra la educación universitaria triplicando el crédito y poniendo a más de 15,000 estudiantes en una posición de no haber podido completar el pago de la matrícula y para los empleados de las corporaciones públicas será casi imposible pagar un seguro médico para sus familias al sufrir una reducción en la aportación gubernamental”, dijo Cruz Soto en conferencia de prensa.
“A pesar de que la Junta reconoce el trabajo indelegable e importante de los municipios, especialmente proveyendo servicios esenciales y siendo la primera línea de auxilio de la gente después de los huracanes Irma y María ahora quiere traer a los municipios las medidas de austeridad que tanto dolor han creado al país. Pretenden desvestir un santo para vestir otro. Pretenden quitarle el dinero a los municipios y servicios esenciales a nuestra gente para ayudar al Gobierno Central a pagarle a los bonistas”, añadió.
De esta forma, Cruz Soto recurrió ante el foro federal para impugnar en los tribunales la decisión de la Junta de Control Fiscal de intervenir en las finanzas y operaciones del Municipio de San Juan.
“Las determinaciones recientes de la Junta con la colaboración y la complicidad del Gobierno Central han atentado con los servicios de educación, seguridad salud que merecen nuestros ciudadanos. Mientras dicen Creer en la, educación, cierran escuelas; dicen creer en la salud, pero le bajan el presupuesto al Departamento de Salud y se reducen los beneficios de la gente”, expuso.
“Ahora la Junta pretende, so color de decir que viene a ayudar, controlar la capacidad de los municipios de darle servicio a la gente. A la Junta no le importa destruir a Puerto Rico y con eso reducir o eliminar la capacidad de los municipios de dar servicios. Cualquiera que pensó que en algún momento la Junta tendría algún efecto positivo en Puerto Rico tiene que rendirse ante la evidencia de que la Junta no vino a ayudar, vino a cobrar. La única promesa que aquí se ha cumplido es quitarle a los puertorriqueños lo que tienen, y en muchos casos lo poco que tienen, para pagarle más a los bonistas de lo que ellos invirtieron en Puerto Rico. Ante esto, hay dos caminos: consentir o confrontar. En San Juan la decisión siempre ha estado clara: no hay espacio para colaborar con los enemigos de San Juan y con los enemigos de Puerto Rico. No vamos a consentir a que la Junta de Control Fiscal secuestre el poder de nuestra gente a nivel municipal como ya ha ocurrido en el Gobierno Central con la anuencia del gobernador. El Municipio de San Juan presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito Federal impugnando la constitucionalidad de la determinación de la Junta de certificar al municipio como entidad cubierta bajo la jurisdicción de la Junta”, dijo la alcaldesa de la Capital.
“La Junta ha demostrado que no le importa las consecuencias que las medidas de austeridad causan en la vida de los puertorriqueños. Por eso, retamos la pretensión de la Junta de intervenir en las finanzas de los municipios poniendo en riesgo los servicios esenciales como lo son los de salud, seguridad, educación, cultura y deporte”, señaló.
Por su parte, el licenciado Charlie Hernández expuso que la demanda se presenta bajo los siguientes parámetros: 1. Al adoptar la Ley PROMESA el Congreso incurrió en una delegación excesiva de su poder constitucional sin proveer parámetros racionales como requiere la normativa federal. 2. La determinación de intervenir sobre las finanzas del Municipio de San Juan carece de base racional, ya que la aportación del gobierno central a las finanzas municipales es de 580,500.
“Ante esto, las determinaciones fiscales del Municipio de San Juan carecen de impacto sustantivo sobre las finanzas del Gobierno Central por lo que la intervención de la Junta es arbitraria y caprichosa. No existe vínculo entre la intervención de la Junta sobre los municipios y el cuestionable objetivo de política pública ordenados por el Congreso bajo la ley PROMESA. Los miembros de la Junta carecen de autoridad legal para tomar la decisión de intervenir sobre los municipios del país a la luz de la reciente determinación del Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito declarando sus nombramientos como ilegales”, dijo Hernández.
En este caso, representarán al Municipio de San Juan el licenciado Charlie Hernández, Raúl Mariani y el Bufete Winston & Strawn LLP.
El pasado 9 de marzo, la JCF aprobó designar los 78 municipios de Puerto Rico como entidades bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (PROMESA por sus siglas en inglés).
De acuerdo a la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, la determinación respecto a los municipios comenzará con un proyecto piloto con 10 ayuntamientos y se basa en la Sección 101 de la Ley PROMESA, la cual otorga discreción a la JCF a solicitar planes fiscales a instrumentalidades de gobierno.
Esto implica que los municipios Aibonito, Barranquitas, Camuy, Cidra, Comerío, Isabela, Orocovis, San Sebastián, Villalba y Quebradillas tendrán que presentar sus propios presupuestos y planes fiscales a la entidad financiera que incluyan reducciones de gastos y la implementación de “medidas de eficiencia”.
Estas medidas, según la JCF, podrían consistir de acuerdos intermunicipales de servicios compartidos, programas para mejorar el uso de fondos federales y aumentar la recaudación de ingresos, así como estrategias de desarrollo económico.
