La Junta de Control Fiscal refirió hoy al Departamento de Justicia de Puerto Rico, así como al Departamento de Justicia federal, a tres entidades del gobierno y 11 municipios por no transferir los dineros que le retienen a sus empleados a su plan de retiro.
“Una de las prioridades de la Junta de Supervisión es mantener el fondo de pensiones debidamente financiado”, dijo la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko. “La gente necesita sentirse confiada de que recibirán el pago de sus pensiones. El no transferir el dinero que ya ha sido retenido del cheque de los empleados a sus cuentas de retiro es inconcebible y potencialmente ilegal”.
La Ley 106 del 2017 provee para que el director de una entidad gubernamental, que con conocimiento y sin justa causa no remita la contribución que hace el empleado a su cuenta de retiro, está sujeto a penalidades significativas. Esta conducta también podría representar una violación a la ley federal -18 U.S.C. 666(a)(1)(A). El 30 de abril pasado, la Junta de Supervisión informó al Principal Oficial Financiero del gobierno el resultado del más reciente informe -por entidad- sobre la deuda en el pago de pensiones (PayGo) y de la contribución de retiro individual.
El informe, preparado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, refleja que 20 municipios y siete corporaciones públicas han fallado en remitir unos $10 millones retenidos de los cheques de empleados a cuentas segregadas de contribución definida. Asimismo, el 29 de mayo la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico informó a la Junta de Supervisión que había recibido pagos por $5.5 millones de las contribuciones de individuo adeudadas. No obstante, tres entidades gubernamentales y 11 municipios, aún no han remitido $4.5 millones a las cuentas de retiro correspondientes.
Las contribuciones que se hacen a estas cuentas de retiro deben ser sagradas e inquebrantables. Administraciones pasadas no respetaron este principio, permitiendo el mal manejo de esos fondos, dinero que le pertenece a los empleados públicos, evidenciado en el caso del Sistema 2000, en el que el gobierno estableció cuentas de retiro para empleados.
Mientras que por un lado los empleados contribuían con su dinero en estas cuentas; por otro, el gobierno utilizaba el dinero para otros propósitos, y nunca los repuso. “Décadas de indisciplina fiscal socavó el sistema de pensiones de los empleados públicos”, apuntó Jaresko. “Por eso nos preocupa que el gobierno y los municipios fallen en transferir el producto de años de trabajo de estos ciudadanos a donde corresponde. Aquellos que ponen en riesgo las pensiones de los empleados públicos deben tener que rendir cuentas”.
