El Gobierno federal presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el que alega que si fuese correcta la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston sobre la invalidez de los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF), eso implicaría que el Gobierno de Puerto Rico también es inconstitucional desde su creación.
“Por primera vez en la historia de la nación, un tribunal ha declarado que los funcionarios territoriales deben ser nombrados de conformidad con la cláusula de nombramientos. Esa participación, que no puede ser cuadrada con los precedentes de esta corte, necesariamente implica que el Gobierno de Puerto Rico ha sido inconstitucional desde su inicio”, indicó el procurador general de Estados Unidos, Noel Francisco, en su argumentación.
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Trasfondo
La petición de certiorari del Gobierno federal surge luego de que el pasado 15 de febrero el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston revocó a la jueza Laura Taylor Swain, y determinara que los miembros de la JCF fueron nombrados sin que se siguiera la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos, por lo que eran inconstitucionales.
A su vez, esta decisión de febrero se desprende de una demanda de los bonistas Aurelius Investments LLC y Assured Guaranty, quienes —precisamente— levantaron el cuestionamiento sobre la constitucionalidad los nombramientos. A ese pleito se unió la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).
“Consecuencias devastadoras” para la economía
Por otro lado, el recurso del procurador general de Estados Unidos también argumenta que la decisión del Tribunal de Apelaciones afectaría la recuperación económica de la isla.
“Si se le permite permanecer en pie, la decisión del Tribunal de Apelaciones tendría consecuencias prácticas devastadoras para la recuperación económica en curso en Puerto Rico. Promesa se promulgó para abordar la inminente crisis fiscal y humanitaria de la isla. El fallo de la corte pone en tela de juicio todo el trabajo realizado por la Junta para mejorar la salud financiera de Puerto Rico desde su creación. También pone en peligro los procedimientos actuales del Título III a medida que avanzan”, indica.
El procurador general alertó al Tribunal Supremo de evitar esas alegadas consecuencias, de cara a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deja a los mismos miembros de la JCF. “El presidente ha anunciado su intención de volver a nombrar a los miembros de la Junta para el resto de sus términos actuales, pero los ciudadanos y acreedores de Puerto Rico no pueden tener la seguridad de que el proceso político llegará a una resolución oportuna. Tampoco, dada la virtual certeza de que Aurelius y otros tenedores de títulos continuarán desafiando la legalidad de la Junta después de que sus miembros hayan sido reelegidos, el Commonwealth podrá lograr el nuevo comienzo que el Congreso había previsto”, alegaron.
