El gobernador Ricardo Rosselló Nevares insistió el jueves en no cooperar con la Junta de Control Fiscal (JCF) en la entrega de alguna de la información solicitada por el ente federal creado bajo la Ley PROMESA.
“Siempre ha habido una cooperación en todos esos esfuerzos. Lo que hemos dicho es, no estamos en posición de colaborar en este momento en lo de la renegociación porque cada vez que incluyan el componente de las pensiones, es algo en lo que nosotros no vamos a participar”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.
La directora ejecutiva de ese ente federal, Natalie Jaresko notificó mediante carta al gobernador en la que le notificó que no ha cumplido con varias disposiciones de la Ley federal PROMESA en torno a informes sobre gastos presupuestados versus los reales, entre otros.
“El 3 de diciembre de 2018, le enviamos una carta informándole que, por varios meses y en múltiples aspectos, el Gobierno ha fallado en cumplir sus obligaciones bajo PROMESA. La situación no ha sido corregida y debe ser atendida con la mayor urgencia”, dijo Jaresko en la misiva.
Informó que la Sección 203 de PROMESA dispone que “no más tarde de 15 días después del último día de cada trimestre de un año fiscal, el Gobernador deberá someter a la Junta de Supervisión un informe, de tal forma como la Junta de Supervisión lo pueda requerir, describiendo los gastos presupuestados versus gastos actuales/reales (“B2A” por sus siglas en inglés) para ese trimestre, y cualquier otra información solicitada por la Junta de Supervisión”.
El propósito de la Sección 203 es requerirle al Gobierno que rinda cuentas con respecto al Presupuesto certificado y alertar a la Junta de Supervisión sobre cualquier desviación del Presupuesto certificado con respecto a ambos ingresos y gastos, para que la Junta de Supervisión pueda determinar si hiciere falta ejercer acciones correctivas.
“El Gobierno no sometió, a la fecha requerida del 15 de abril de 2019, los informes completos de B2A requeridos por la Sección 203(a) para la Universidad de Puerto Rico (“UPR”) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (“ACT”) para el tercer trimestre del año fiscal 2019.
Más aún, la ACT y la UPR nunca han sometido un informe de Sección 203(a) completo. Aunque en varias ocasiones hemos compartido el formato requerido para el informe con su equipo, incluimos nuevamente con esta carta los formatos para la ACT y la UPR en los Apéndices A y B, respectivamente. Más aún, aunque la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”) sometió un informe 203(a), lo sometió tarde. Favor de proveer todos los informes pendientes para el año fiscal 2019 en o antes del 30 de junio de 2019 y asegúrese que, de ahora en adelante, los informes sean entregados 15 días luego del final de cada trimestre”, declaró.
“Reiteramos que el Gobierno no ha sometido los informes de B2A requeridos por la Sección 203(a) para AEE, ACT y UPR para el año fiscal 2018. Favor de someter todos esos informes a la Junta en o antes del 30 de junio de 2019”, sentenció.
De ahora en adelante, la Junta de Supervisión también ha de requerirle al Gobierno que publique los informes trimestrales de Sección 203(a) un mes después de haber sido sometidos a la Junta de Supervisión. Favor de publicar los informes correspondientes al tercer trimestre para el Gobierno de Puerto Rico, AEE y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (“AAA”) en o antes del 30 de junio, los informes correspondientes al tercer trimestre para ACT y UPR en o antes del 31 de julio de 2019 y los informes correspondientes al cuarto trimestre para todos en o antes del 15 de agosto de 2019.
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