El Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Control Fiscal (JCF) radicó el domingo una demanda contra varios suplidores de combustible y laboratorios, para recuperar, potencialmente, miles de millones de dólares en pagos fraudulentos realizados por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“AEE”).
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“La Junta de Supervisión tiene la responsabilidad de recuperar los pagos realizados ilegalmente”, dijo David Skeel, miembro del Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión. “En vista de los hechos que se conocen, clientes y acreedores de la AEE fueron perjudicados y tenemos la intención de darle seguimiento a esas reclamaciones vigorosamente. Estos pagos contribuyeron a la insolvencia de la AEE al incrementar el costo de sus operaciones y provocar que la AEE asumiera más deuda. El Comité Especial de Reclamaciones le está solicitando al Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico autoridad para recuperar esos pagos fraudulentos en beneficio de las partes interesadas”.
La demanda de la Junta de Supervisión alega que entre 2002 y 2015 ciertos suplidores de combustible recibieron pagos en exceso y otras compensaciones indebidas de parte de la AEE, la cual está obligada en virtud de contratos y reglamentación ambiental a comprar únicamente combustible de alta calidad, el cuales más costoso y limpio que el combustible de baja calidad.
Las compañías suplidoras de combustible, Trafigura y Vitola, alegadamente le suplieron a la AEE un producto que no cumplía con las especificaciones contractuales o reglamentarias aplicables, pero aun así recibieron pagos de parte de la AEE al precio del combustible de alta calidad. La demanda también alega que los suplidores fueron asistidos por los laboratorios Carlos R. Méndez & Associates, Inspectorate America Corp., y Altol, que recibieron pagos por falsificar resultados relacionados con el combustible suplido a la AEE.
Un grupo de clientes de la AEE ya presentó una demanda en contra de los suplidores de combustible y los laboratorios, así como personal de la AEE y la propia AEE. Esta demanda de clase está sujeto a la moratoria dispuesta en la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico del 2016 (PROMESA). El Comité Especial de Reclamaciones acogió los hechos expuestos en la Demanda de Clase en apoyo a las reclamaciones de los pagos realizados en exceso.
Denuncias similares se dieron en la pasada administración cuando el Senado investigó el bautizado “Cartel del Petróleo”, que culminó con referidos a las autoridades.
