La Federación de Alcaldes que reúne ejecutivos municipales del oficial Partido Nuevo Progresista sostuvo una reunión en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para discutir alternativas que mitiguen el impacto que tendría en sus finanzas si el Tribunal Federal deroga la Ley 29. Ese estatuto es el que los exime de hacer los pagos al sistema de retiro PayGo y de aportar $311 millones a ASES.
“Volvemos y reafirmamos que esta ley es la alternativa que tenemos los municipios para crear el fondo de equiparación, tener los recursos de los ingresos propios y no depender del Estado. Y se ha planteado qué otras alternativas pueden haber y la realidad es la siguiente: la única alternativa que tenemos en estos momentos es la Ley 29. Tenemos que entrar en la defensa de la Ley 29. O es la Ley 29 o simplemente hay que cerrar municipios”, declaró en entrevista con Wapa el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM y alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo.
Por su parte, el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, opinó que si se elimina el estatuto, se afectarían los servicios directos a los municipios.
Rossana López: “El gobernador no es nadie sin los municipios”
Por otro lado, la senadora Rossana López junto con Presidentes Municipales no Alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) solicitaron al Gobierno que busque los fondos para restituir los $350 millones en subsidios eliminados según consta en el plan fiscal certificado.
López, quien también es precandidata a la alcaldía de San Juan, recalcó la importancia de las administraciones municipales y sus contribuciones al Gobierno central. La legisladora recordó que los municipios fueron los primeros que respondieron durante la emergencia causada por el huracán María. “El gobernador no es nadie sin los municipios”, sentenció.
Mientras, el empresario Julio Roldán, presidente del Comité Municipal del PPD en Aguadilla expuso que si “cuando el gobernador Ricardo Rosselló presentó el plan fiscal que aprobó la Junta y que celebraron con aplausos en el jardín hundido de La Fortaleza, no hubieran incluido la eliminación de $350 millones a los 78 municipios, hoy los ayuntamientos no estuvieran en la grave crisis que tienen ahora. Desde ese momento, los alcaldes federados iniciaron su silencio cómplice”.
Asimismo, López indicó que si el Tribunal Federal frena la puesta en vigor de la Ley 29, un total de 47,000 empleados públicos podrían quedarse sin trabajo.
La pasada semana la Junta de Control Fiscal (JCF) demandó al Gobierno por la implementación de esa ley bajo el argumento de que eximir a los municipios de esos pagos empeoraría las finanzas del Gobierno en el futuro.
“La Ley 29 va a minar la habilidad del Gobierno de pagar las pensiones a todos los retirados cuando el Gobierno de Puerto Rico enfrente déficits futuros”, dijo entonces el presidente de la Junta, José Carrión.
