La acusación de un Gran Jurado federal en contra de Julia Keleher, exsecretaria de Educación, Ángela Ávila, exdirectora de la Administración de Servicios de Salud (ASES) y otros cuatro imputados revela la posible violación de al menos cinco estatutos federales.
Entre estos, de acuerdo a un documento del FBI, se encuentran lavado de dinero, robo, conspiración, conspiración para lavar dinero y fraude electrónico.
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En el cargo de conspiración de fraude electrónico, según el documento judicial, el propósito de la conspiración era para otorgarle contratos a la empresa Colón & Ponce que dirigía Mayra Ponce, hermana de Glenda Ponce, quien era asistente especial de Keleher. Asimismo, se le acusa de proveer una ventaja competitiva debido a la estrecha relación entre Keleher y las hermanas Ponce.
La acusación, además, detalla que la Oficina de Asuntos Federales del Departamento de Educación de Puerto Rico, no solicitó los servicios que ofrecía la empresa Colón y Ponce. En abril, Keleher instruyó a empleados del DE a que adjudicaran el contrato a la empresa Colón & Ponce, luego de que Glenda enviara la propuesta de su hermana directamente a la secretaria de Educación.
El documento judicial también señala que el 17 de junio de 2017 un candidato a la gobernación —no identificado— envió un correo electrónico a Keleher en el que le incluyó el resumé de su directora de campaña.
Asimismo, Fernando Scherrer y Alberto Velázquez Piñol figuran como acusados por conspirar para cometer delitos contra el gobierno de Estados Unidos.
Durante la mañana de hoy, la oficial de Educación fue arrestada en la capital federal. Mientras, Ávila y los contratistas Alberto Velázquez Piñol, Mayra Ponce Mendoza y Glenda Ponce Mendoza, junto al presidente de la firma BDO, Fernando Schrerrer fueron apresandos en la isla.
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En días pasados trascendió que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y otras dependencias investigaban el otorgamiento de contratos fraudulentos en varias agencias del Gobierno. Trascendió en los medios que en ASES, Ávila y Velázquez Piñol permitieron que una aseguradora tuviera ventaja en la competencia para ser parte de los proveedores del Plan Vital, que ofrece seguro médico a los más necesitados en Puerto Rico.
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