Los cuatro acusados en la isla por supuestos esquemas de fraude y lavado de dinero en la Administración de Seguros de Salud (ASES) y en el Departamento de Educación (DE), se declararon no culpables ayer ante el magistrado federal Bruce McGiverin.
Ángela Ávila, exdirectora de ASES; Glenda Ponce, exasistente especial de la exsecretaria de Educación Julia Keleher; Mayra Ponce, hermana de Glenda y dueña de la empresa Ponce & Colón; y Fernando Scherrer, presidente de la empresa de contabilidad y auditoría BDO comparecieron en conjunto al Tribunal Federal y se les concedió salir en libertad bajo fianza.
Cerca de la 1:45 p. m., el juez comenzó el proceso de lectura de cargos a cada uno de los acusados.
Un gran jurado federal acusó a Alberto Velázquez Piñol, ejecutivo de BDO; Keleher, Ávila, Scherrer (arrestados fuera de la isla) y a las hermanas Ponce por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, comisión del delito de fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y robo.
Ante el magistrado, los cuatro acusados se declararon no culpables por los delitos imputados. El juez McGiverin decretó tanto para Ávila como para las hermanas Ponce una fianza de $5,000 asegurados —que implica la entrega del dinero— y una porción adicional no asegurada —que puede ser mediante algún colateral, como una propiedad— de $20,000 a cada una.
Mientras tanto, a Scherrer se le impuso una fianza asegurada de $1 millón, adicional a una no asegurada de otro millón de dólares. Los acusados tendrán siete días para pagar las cuantías.
El abogado de Scherrer, Juan Acevedo, objetó argumentando que no fue el acuerdo que había alcanzado con la Fiscalía. Sin embargo, la fiscal Marie Christine Amy dijo que estaba de acuerdo con el monto recomendado por la Oficina de Probatoria debido a la “seriedad” de los cargos contra Scherrer y porque posee los recursos para pagar la fianza.
A su salida del tribunal, el letrado indicó que someterán por escrito una oposición a la determinación de fianza.
Scherrer se enfrenta a dos cargos de conspiración para cometer delito y se expone a una pena de 5 años en prisión y una multa de $250,000. También se le acusó de fraude electrónico para el cual podría enfrentar 20 años en cárcel y multa de $250,000. Por el delito de lavado de dinero, Scherrer se expone a 20 años de cárcel y una multa de $500,000.
Ávila, por su parte, enfrenta cargos de conspiración para cometer robo para el cual enfrenta hasta 5 años de cárcel y multas de $250,000. Por los cargos de fraude electrónico, la exjefa de ASES se expone a hasta 20 años en prisión y una multa de $250,000. A las afueras del Tribunal, el abogado de Ávila, Jason González, aludió a la conferencia de prensa de la Fiscal Federal Rosa Emilia Rodríguez, en el que indicó que Ávila “no se benefició de absolutamente nada en este caso”.
A similares penas se exponen las hermanas Glenda y Mayra Ponce por delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y la comisión del delito de fraude.
El juez Pedro Delgado atenderá los casos.
A puerta cerrada vista contra Keleher
Por: Lilly Rivera e Istra Pacheco
(Washington, D.C.) Contrario a los acusados detenidos en Puerto Rico, cuya vista inicial fue en corte abierta, la comparecencia de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher ante un magistrado federal en Washington D. C. por su alegada participación en dos de tres esquemas de conspiración, fue a puerta cerrada.
La abogada defensora pública Ubong Akpan, confirmó a Metro que el caso Estados Unidos vs. Keleher se vio con denuncias selladas. Dijo que la decisión fue de Fiscalía federal. No ofreció más información, precisamente, bajo el argumento de tratarse de un caso sellado. En efecto, Keleher compareció al tribunal, según supo este diario. La audiencia estaba citado en la sala de la magistrada Deborah Robinson. Cerca de la 1:45 p. m., los alguaciles pidieron que se vaciara la sala, cerraron las puertas y taparon los cristales. A las 2:10 p. m. abrieron la sala.
Según confirmó a Metro la abogada de Keleher, María Domínguez, la exfuncionaria se entregará voluntariamente ante las autoridades federales en la isla en o antes del 17 de julio, tras ser arrestada en la capital federal.
Domínguez rechazó que su cliente estuviera cooperando con las autoridades federales más allá de someterse al proceso. Una vez llegue a la isla, se declarará no culpable de los cargos que pesan en su contra y que la implican en un esquema de ayudar a dos allegadas suyas a conseguir contratos pagados con fondos federales, adelantó la abogada. “No sé quién ha dicho que ella va a cooperar… Mi clienta no va a cooperar”, afirmó enfática, tras asegurar que confía plenamente en su inocencia. No precisó la fecha en que Keleher viajará a la isla.
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