Si bien las mofas y burlas colman gran parte del chat de Telegram entre el gobernador Ricardo Rosselló y sus principales asesores y cabilderos, también discutían información privilegiada y estrategias legales.
Por ejemplo, Christian Sobrino, ahora exdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) compartió información y documentos confidenciales sobre las relaciones del Gobierno con la Junta de Control Fiscal (JCF) en el que también participaba el cabildero de empresas privadas y padrino de boda del gobernador, Elías Sánchez Sifonte. Uno de esos fue una carta que emitiría el ente federal. El propósito era prepararse para contestar públicamente las alegaciones de la junta.
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“CONFIDENCIAL, Raúl, Moncho – esta es la carta que se va a estar enviando al gobernador sobre lo que les indiqué hoy en WOG. Aunque la carta no se ha enviado oficialmente, ya le indiqué a la JSF que el primer párrafo es inflamatorio y lo mismo pudiera decirse en cuanto a ellos. Pero, en cuanto a sustancia del resto, creo que lo mejor que podemos hacer es programar plan de acción en sustancia y en los medios dividir entre incumplimiento que es prerrogativa vs. resultado de los recortes presupuestarios… Qué creen”, escribió el entonces representante del Gobierno ante la JCF.
En el grupo de mensajería también participaban los contratistas Edwin Miranda, Rafael Cerame y Carlos Bermúdez, así como el secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi, y el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado.
Estrategia legal del Gobierno se discutía en chat de “panas”
El tema de la transparencia y acceso a la información que tantas veces ha llegado a los tribunales durante esta administración también se discutió. Rosselló, sus amigos y asesores no gubernamentales hablaron sobre la estrategia legal que llevarían para contestar una demanda presentada por la organización Espacios Abiertos. Incluso, se planteó trabajar legislación que tuviese el efecto de interferir con la entidad que requería acceso a información pública.
El entonces asesor legal del gobernador, Alfonso Orona trajo el tema del pleito al chat para informar y consultar los pasos a seguir. Y ante un revés judicial para el Gobierno, Orona informa que apelarán. “Discrepamos de la sentencia, entendemos que dicha entrega vulnera información de los contribuyentes, la cual es confidencial, por lo que recurriremos de dicha sentencia ante los foros apelativos”, escribió Orona en el chat.
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De hecho, Elías Sánchez —quien no es parte del Gobierno— sugiere que los oficiales gubernamentales en el chat deben cuestionar públicamente cuánto le pagan a la directora de Espacios Abiertos, Cecille Blondet, así como cuánto gasta y cómo llega el dinero a la organización. A lo que Christian Sobrino responde en mayúsculas: “QUIENES SON LOS DONANTE????”.
De inmediato, Ramón Rosario presenta un borrador de comunicado de prensa en voz de legisladores del Partido Nuevo Progresista, precisamente, cuestionando a Espacios Abiertos. Además, pide la opinión del asesor de comunicaciones Carlos Bermúdez. Elías Sánchez vuelve a intervenir para preguntar cuándo radican una resolución de investigación legislativa a Espacios Abiertos. Es decir, el cabildero plantea utilizar el aparato del Estado, y en específico la Rama Legislativa, para investigar a una entidad que requería acceso a información pública.
Pero esto sigue. Ramón Rosario plantea que el segundo round será en el Contralor Electoral, siguiendo “el libro de Elías”. Se comparte una imagen tipo foto montaje con una foto de Blondet en la que la califican de activista política del Partido Popular Democrático.
En otra instancia del chat, Llerandi menciona que, en el caso, se planteó que entregarán la información protegiendo los datos confidenciales de los contribuyentes.
A ello, Orona señala que para los demandantes no es suficiente. Sobrino, sostiene que tampoco para la jueza que atiende el asunto “Lauricelis” Roque.
