Por: Omaya Sosa Pascual y Luis J. Valentín Ortiz / Centro de Periodismo Investigativo
Detrás de las conversaciones del chat de Telegram entre el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, y algunos de sus colaboradores más cercanos se esconde una red multimillonaria de corrupción.
En medio de la peor crisis fiscal de su historia moderna, la isla es objeto de un saqueo de fondos públicos perpetrado por medio de venta de influencias, contrataciones y obtención de beneficios en el Gobierno, según encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). La investigación incluyó entrevistas a más de una veintena de personas con conocimiento directo de los hechos, la revisión de documentos y bases de datos de contratos y registros corporativos. El análisis y los testimonios de las fuentes apuntan a que la práctica se esparció por muchas de las agencias públicas.
El saqueo, realizado por medio de un esquema principal y varios secundarios que comparten el mismo modus operandi y protagonistas similares, fue orquestado desde La Fortaleza por los allegados más cercanos del gobernador Rosselló Nevares y con su conocimiento, encontró la investigación. El modus operandi implicó el plantar personal interno y contratistas externos en puestos clave de asesoría y comunicaciones en las agencias para controlar la entrada y salida de información. También el compartir datos privilegiados sobre contrataciones de gobierno para beneficiar a clientes privados a cambio de comisiones y pagos.
Al tope del esquema se encuentra el ex presidente del Comité de Transición, cabildero, ex director de campaña y amigo íntimo de Rosselló, Elías Sánchez Sifonte, seguido muy de cerca por el publicista Edwin Miranda Reyes y el estratega de prensa y comunicaciones, Carlos Bermúdez Urbina. Los tres figuran entre los 12 participantes de las 889 páginas del chat del Gobernador revelado por el CPI el sábado y en el que se evidencia el intercambio de información privilegiada con personas que no son funcionarios y el uso de recursos públicos para hacer trabajo partidista.
Sánchez conoció a Rosselló desde principios del milenio mientras ambos pertenecían a la Juventud del Partido Nuevo Progresista (PNP) y, según personas que han estado cercanas al dúo, a través de los años desarrollaron una relación muy cercana que incluyó vivir juntos durante un periodo en Torrimar junto con quien sería luego la esposa del Gobernador, Beatriz Areizaga. Rosselló fue el padrino de la boda de Sánchez, quien a su vez lo apoyó intensamente cuando comenzó el movimiento Boricua Ahora Es, previo a iniciar su campaña por la candidatura para gobernador.
El esquema principal lo componen estas tres figuras – Sánchez, Bermúdez y Miranda –, que en papel operan como “ciudadanos privados” y “contratistas”, pero que en realidad constituyen la cúpula del Gobierno, con más poder que cualquiera de los secretarios del gabinete constitucional del gobernador Rosselló, según múltiples fuentes. A su vez, conecta, a veces de manera directa y en otras de forma tangencial con esquemas particulares, como los destapados con los arrestos hechos por la Fiscalía federal en julio en el Departamento de Educación, la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la firma de contabilidad BDO.
Dos fuentes cercanas a las investigaciones federales dijeron al CPI que son inminentes más arrestos vinculados a esquemas de corrupción en la administración Rosselló Nevares.
Sánchez, Bermúdez y Miranda han generado millones a través de sus negocios y han decidido buena parte de lo que ha pasado en el Gobierno en términos de contrataciones, despidos y proyección pública desde que Rosselló Nevares asumió el cargo en enero de 2017, coinciden las fuentes. En el caso de Sánchez, también hay intervenciones indebidas e ilegales con secretarios de gabinete.
Al menos cuatro jefes de agencia acudieron directamente al Gobernador o a sus asesores en La Fortaleza a denunciar estas intervenciones por parte de Sánchez al menos desde 2017 pero el Mandatario nunca ordenó una investigación o tomó acción al respecto.
Aunque no tiene contratos directos con el Gobierno, Sánchez, quien tiene el vínculo más estrecho con el Gobernador, controla la mayoría de las contrataciones de mayor cuantía, colocando a sus clientes en buena parte de las agencias y cobrando comisiones de hasta 25% del monto de los contratos e igualas fijas que han llegado a los $50,000 mensuales, indicaron cuatro fuentes que han presenciado la dinámica. Según relataron en conversaciones por separado, el cabildero tenía acceso constante a La Fortaleza y a información privilegiada sobre las contrataciones grandes que se darían en las agencias, las “casaba” con sus clientes y se presentaba, frecuentemente sin invitación, a las puertas de dichas dependencias a presentar propuestas a la medida para los servicios que estarían buscando.
En algunas instancias, Sánchez encontró la resistencia de secretarios de agencia.
Uno de esos casos se dio en medio de la emergencia del huracán María, cuando se contrató para trabajos de recuperación del programa Tu Hogar Renace del Departamento de la Vivienda, a la empresa Adjusters International. El cliente de Sánchez, AECOM, perdió esa subasta, y en diciembre de 2017 Sánchez se presentó en la oficina del secretario, Fernando Gil Enseñat, para reclamarle al funcionario por su decisión, revelaron dos fuentes al CPI.
Gil Enseñat aceptó al CPI que esa reunión se dio con ese propósito y que consideró la intervención como una indebida. Dijo que le informó a Sánchez que mantendría la determinación que su agencia había tomado porque cumplía con los procesos de ley y además, les generaba un ahorro de $21 millones en comparación con la propuesta de su cliente. AECOM apeló la decisión ante la Junta Revisora de la agencia, lo cual detuvo el contrato, y litigó contra Vivienda hasta llegar el Tribunal Supremo, en donde desistió del caso.
“Sí se presentó en mi oficina y pidió hablar conmigo… Me expuso que yo, en referencia a la agencia, había cometido un error en escoger el licitador que había escogido para Mi Hogar Renace”, reconoció Gil Enseñat.
Sostuvo que como funcionario que ha servido anteriormente en el Gobierno y como abogado sabe que se debe a la Constitución y a las leyes y por tanto no accede a este tipo de presiones.
“Sé que la última consecuencia la pago yo. En ese sentido, no me tembló la mano”, dijo.
¿Considera este tipo de intervención de cabilderos apropiada?, se le preguntó.
“No, no es apropiado, y te lo digo”, contestó.
“La realidad es que eso pasa; a mí no me gusta, y yo no estoy de acuerdo con ello”, agregó al enfatizar que es responsabilidad de cada funcionario no acceder a las presiones.
Gil Enseñat dijo que acudió al Gobernador personalmente a relatar el suceso para anticiparle la posible pugna legal que iniciaría ya que no iba a ceder al pedido de Sánchez y a decirle que tenía todo documentado y que iría hasta las últimas consecuencias. Aseguró que Rosselló le dijo que siguiera adelante con su decisión.
El CPI solicitó a La Fortaleza una reacción para esta historia pero no la recibió al cierre de la edición.
A pesar de que AECOM no consiguió el contrato de Tu Hogar Renace, la compañía tiene $1.1 millones en contratos con el Gobierno. Gil Enseñat dijo que algunos de estos contratos eran previos al incidente y otros posteriores, y que fueron obtenidos en buena lid.
A mediados de 2018, Sánchez llevó personalmente al Departamento de Hacienda a su cliente GILA Corporation para empujar un contrato de cobro de deudas morosas y logró reuniones al menos en cuatro ocasiones con dos de los principales funcionarios y con un contratista: el actual secretario de Hacienda y entonces asesor, Francisco Parés, el ex secretario de Hacienda y entonces asesor por contrato, Juan Carlos Puig y el entonces secretario de Hacienda y principal oficial financiero, Raúl Maldonado, según dos fuentes con conocimiento directo del evento.
Maldonado, quien por años participó también de la dinámica, según las fuentes, terminó acudiendo al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) a proveer información sobre las ilegalidades en el Gobierno de Puerto Rico, poco después de que su breve sucesora en Hacienda, Teresita Fuentes Marimón, acudiera en enero de 2019, primero al FBI, y luego donde Rosselló, con denuncias relacionadas a los esquemas de Hacienda. Rosselló no tomó acción al respecto. La funcionaria renunció fulminantemente.
Fuentes Marimón – quien se encuentra fuera de Puerto Rico – no ha precisado si entre sus denuncias figuraban las intervenciones de Sánchez en Hacienda y no estuvo disponible para entrevista.
La funcionaria también fue ante Rosselló a denunciar presuntos esquemas de lucro ilegal operados por Maldonado y su hijo, Raúl Maldonado Nieves, a través de al menos siete compañías: Virtus, Óptima, Centurion, 6th Element, On Point, Integrity y OPG, aseguraron tres fuentes. Las empresas tenían al menos 65 contratos por $12.6 millones y presuntamente cobraban por acceso a Maldonado (padre) para gestiones, acuerdos favorables y rebajas de deuda en Hacienda, entre otros servicios.
El CPI intentó obtener reacción de Maldonado a través de su abogada Mayra López Mulero, pero esta indicó que no harían expresiones.
De otra parte, múltiples fuentes hablaron al CPI sobre intervenciones indebidas de Sánchez a favor de su cliente, Microsoft. La compañía de tecnología ha logrado más de $100 millones en contratos durante esta administración. Dos fuentes apuntaron, por ejemplo, al contrato de $11 millones firmado el pasado verano para obtener las licencias de AmpliFund, una aplicación de “grant management” propiedad de Microsoft. A pesar de que el Gobierno ya contaba con una herramienta similar y efectiva, y que costaría una fracción extender dicha licencia, la administración Rosselló Nevares decidió adquirir la licencia de AmpliFund.
El CPI llamó a Herbert Lewy, presidente de Microsoft, para una reacción al respecto y el ejecutivo reconoció la llamada a través de su relacionista público, Vivian Sánchez. Además se le enviaron preguntas escritas. Sin embargo, al cierre de esta edición no se había recibido una respuesta.
Según dos fuentes, en el Departamento de Corrección también ocurrió una intervención indebida de Sánchez cuando la compañía Carolina Catering Services obtuvo un contrato de $300 millones para manejar las comisarías, lavanderías y comida en las cárceles. El contrato fue adjudicado a esta compañía a pesar de que pujó por un costo mayor al de otro competidor, Trinity. Dos fuentes dijeron al CPI que la persona responsable de intervenir en la subasta y lograr que Carolina Catering consiguiera el contrato fue Sánchez.
El CPI cuestionó al secretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón, si Sánchez intervino de alguna manera en la subasta de estos servicios. “No para nada; es totalmente incorrecto”, dijo el también subsecretario de la Gobernación, quien aseguró que no hubo ninguna irregularidad en el proceso.
El CPI contactó al presidente de Carolina Catering, José Algarín, quien negó relación alguna con Sánchez y “sus asociados, familiares o empresas relacionadas a él”, y dijo que no usan cabilderos externos. “Rotunda y absolutamente, no”, contestó a través de su relacionista, María “Maypi” Casta. Carolina Catering forma parte del conglomerado MGI Caribe, la que a su vez está relacionada Empresas Santana.
En la Administración de Seguros de Salud (ASES), la joya de la corona por el enorme monto de las contrataciones del plan de salud del Gobierno para indigentes, Vital, una compañía aseguradora logró que se admitiera su participación en la subasta y resultó agraciada con el mayor contrato pese a que entregó su propuesta dos días tarde, por lo que no cualificaba. Esta información es parte de las acusaciones radicadas hace unos días por fraude, conspiración, robo de fondos públicos y lavado de dinero contra la jefa de esa agencia, Ángela Ávila, el presidente de BDO, Fernando Scherrer, y contra su empleado y cabildero en la agencia, Alberto Velázquez Piñol. Este último fue un alto funcionario de Gobierno y consultor desde la gobernación de Luis Fortuño y tiene vínculos con la familia de Sánchez, a través de una relación cercana con su exsuegra Katherine Erazo García, y su exesposa y pareja Valerie Rodríguez Erazo. Según dos fuentes del CPI, la aseguradora en cuestión es Triple-S, que es también clienta de Sánchez y su socia, la exsecretaria de Corrección y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Zoraida Buxó.
Triple-S no respondió la pregunta de si Sánchez o alguna de sus empresas o asociados cabildearon a su nombre, ni si ha recibido requerimientos de las autoridades federales.
“Triple-S ya emitió una declaración previa en la que establece que no comentará sobre investigaciones federales y tampoco alimentará rumores o especulaciones”, fue la respuesta por escrito de la principal oficial de comunicaciones de la empresa, Ivelisse M. Fernández.
En el pasado Triple-S y Empresas Santana figuraron entre los participantes en el esquema de corrupción por el cual fue acusado el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá por cuantiosos donativos de campaña ilegales de sus ejecutivos.
“Si no contratas a los clientes de Elías, no hay espacio para tí en el Gobierno (de Ricardo Rosselló)”, dijo una fuente al CPI.
Una fuente indicó que luego del huracán María, Sánchez, a través de Christian Sobrino, trajo a la mesa a la empresa CSA, para que, a través de la Agencia para el Manejo de Emergencias y Desastre (AEMEAD), obtuviera el contrato de inspección de escuelas tras la emergencia. El contrato de $800,000 fue otorgado a finales de septiembre de 2017 y cancelado poco tiempo después en medio de críticas, incluyendo las de la entonces secretaria de Educación, Julia Keleher. La semana pasada Keleher también fue acusada por los federales en un esquema – hasta el momento no relacionado – en donde BDO, Scherrer y Velázquez también eran protagonistas.
El presidente de la compañía, Frederik Riefkohl, negó rotundamente que CSA tenga relación alguna, “directa o indirectamente”, con Elías Sánchez o con “ninguno de sus asociados”.
“Sánchez no ha sido consultor, contratista, asesor ni director de CSA”, manifestó Riefkohl al CPI, y resaltó que CSA es una empresa puertorriqueña que lleva más de 60 años en operaciones y que ha contratado con el Gobierno a través de administraciones de ambos partidos.
“No necesitamos usar cabilderos ni a nadie como tarjeta de presentación con el Gobierno”, añadió.
CSA Architects & Engineers ha logrado $26 millones en contratos en 10 agencias en esta administración, según el registros de contratos del Contralor.
El CPI contactó a Sobrino para una reacción, pero no contestó al cierre de esta edición.
Durante una rueda de prensa el martes, el CPI le preguntó directamente a Rosselló por qué Sánchez tiene tanto poder y acceso directo a sus secretarios de gabinete y el Gobernador evadió la pregunta. En vez, ofreció una respuesta confusa en la que no rechaza que Sánchez tenga dichos accesos.
“Sí, bueno, aquí hay personas que tienen distintas relaciones. Eso es relaciones [que] los individuos establecen, pero por mi parte, yo me he encargado y mi trabajo es encargarme de que exista un proceso, independiente de relaciones, de amiguismo, de lo que sea, [y] el proceso sea lo que determine las acciones hacia adelante”, contestó.
Anteriormente, en la misma conferencia, Rosselló dijo, también de manera escueta, que evalúa “todos los contratos” relacionados a Sánchez.
No todo eran contratos
Dos fuentes dijeron que Laborers’ International Union of North America (LIUNA), cliente de Sánchez, consiguió la orden ejecutiva del gobierno de Rosselló que aumentó a $15 el salario mínimo en la industria de la construcción.
Asimismo el CPI supo, por tres fuentes, que Sánchez y sus allegados gestionaban ante los secretarios de agencias importantes beneficios económicos para sus clientes, tales como exenciones y créditos contributivos, el pago de deudas atrasadas con el Gobierno y la rebaja o condonación de deudas contributivas, entre otros.
También han dado información que apunta a la intervención de otros cabilderos y abogados en dinámicas similares durante esta administración.
Sánchez no quiso responder a preguntas sobre los señalamientos contenidos en esta historia, aunque había hecho expresiones en junio negando haber participado en algún acto de corrupción.
Respondió una petición de entrevista del CPI en un mensaje de texto en el que indicó que “no existe ninguna orden de arresto en su contra”.
“No tengo comentarios adicionales”, agregó.
Tras la insistencia sobre la importancia de esta historia, en la que además se mencionan los negocios de su suegra, ex funcionaria de Gobierno y ex asesora de Pedro Rosselló y de Thomas Rivera Schatz, Katherine Erazo García, y su esposa, la empresaria, cabildera y comentarista radial, Valerie Ann Rodríguez-Erazo, Sánchez sostuvo por mensaje de texto: “En estos momentos me encuentro de vacaciones con mi familia y no estoy disponible para entrevista. Varias personas en mi familia no son figuras públicas, por lo que estaremos pendientes para la acción correspondiente”.
Erazo García, también exesposa del expresidente del Senado y miembro de Ricardo Rosselló, Charlie Rodríguez, ha obtenido contratos ascendentes a $357,500 con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y el Negociado de Telecomunicaciones a través de su empresa BCS Consulting Group con la cual también representa clientes privados en gestiones ante el Gobierno, y solo en el 2018 reportó $625,000 en ingresos al Departamento de Estado, más que duplicando a 2017 cuando reportó $276,000.
Una porción de los contratos revisados para esta historia es por servicios bonafide. Se desconoce qué porción de estos fue a parar al pago de comisiones de cabilderos e intermediarios, y a servicios inexistentes o sobrefacturados.
También se desconoce a cuánto ascienden las rebajas y créditos contributivos otorgados. El Gobierno de Puerto Rico sostiene que la información relacionada a los beneficios contributivos que concede, incluyendo los de las leyes 20 y 22, es confidencial.
El manejo de medios
Solamente en contratos directos, Edwin Miranda y sus compañías obtuvieron más de $50 millones con 22 agencias de Gobierno. En el caso de Carlos Bermúdez, su compañía de relaciones públicas, Ojo Creativo, consiguió 16 contratos con siete agencias, para un total de $540,000.
Tres fuentes indicaron que Bermúdez y Miranda presuntamente ejercían presiones a compañías y a otros individuos para que contrataran con ellos en el ámbito privado si querían hacer negocios con el Gobierno. Estos contratos, por ser privados, no figuran en la Oficina del Contralor. Miranda y Bermúdez también fueron parte de la Junta de Directores de Unidos por Puerto Rico. Actualmente no están incluídos en su página oficial.
Una de las empresas de Miranda, por ejemplo, fue contratada por Microsoft – uno de los mayores contratistas del Gobierno y cliente de Sánchez, según dos fuentes – y por Unidos por Puerto Rico, la organización sin fines de lucro creada por la Primera Dama, Beatriz Rosselló, para el manejo de donativos tras el huracán María. Unidos por Puerto Rico, cuya presidencia fue ocupada por el cuñado de Elías Sánchez, Jorge del Pino, llegó a recibir $41 millones en donativos y también está siendo investigada por las autoridades federales.
Aunque Miranda ha dicho que el trabajo político partidista suyo se hacía mediante otras compañías y no de KOI, el CPI supo que a principios de este año, el empresario presuntamente instruyó a un grupo de sus empleados en KOI que tendrían que hacer trabajo político entre sus labores con los clientes privados y de Gobierno.
El publicista, quien comenzó en el manejo político en la administración de Luis Fortuño, tiene un total de cuatro compañías inscritas y dos fuentes con acceso a los documentos aseguraron que existe facturación duplicada o falsa. El representante independiente Manuel Natal refirió algunas de las irregularidades en la facturación de las empresas de Miranda a las jefas de Fiscalía federal, del Departamento de Justicia de Puerto Rico, de la Oficina de Ética Gubernamental, y la Oficina del Contralor desde el 17 de noviembre de 2017.
El CPI intentó contactar a Miranda para una reacción pero al cierre de esta edición no fue posible comunicarse con él.
Por su parte, además de la política, Bermúdez lleva una larga trayectoria haciendo relaciones públicas para figuras del mundo del entretenimiento y de la farándula, aunque la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico aclaró que no está licenciado en esta profesión. La ley de los relacionistas públicos prohíbe actuar como tal sin tener licencia, aunque no conlleva penalidad. Entre modelos y reinas de belleza, funge según el Departamento de Estado como presidente de San Juan Moda y fue director ejecutivo de Miss Mundo de Puerto Rico. La cartera de artistas de Bermúdez ha incluído figuras como la presentadora y modelo Cynthia Olavarría, los raperos Tempo y Ozuna, Maripily, El Molusco y el merenguero Joseph Fonseca.
En el caso de Ozuna, el artista ha participado como talento de varios eventos públicos junto al Gobernador. En el chat se menciona, por ejemplo, el tema musical Llegó la Navidad de Ozuna y el cuatrista Christian Nieves, gestionado a través de la Compañía de Turismo.
El Molusco aclaró que Carlos Bermúdez no es su representante ni relacionista fijo, pero indicó que este sí le ha manejado las relaciones públicas en algunos proyectos particulares. “Bermu trabajó uno o dos proyectos para mi. Carlos Bermúdez es amigo de los artistas; es mi amigo”, afirmó.
Dijo que no ha percibido dinero por las intervenciones en eventos de gobierno en los que participó como talento luego del huracán, cuando se creó Unidos por Puerto Rico.
Aunque negó ser el representante de Ozuna, Bermúdez, quien dijo estar fuera de Puerto Rico, reconoció en declaraciones escritas que la compañía del artista lo contrata y que ha sido contratado “en momentos” por los otros artistas. Sin embargo, rechazó que sus clientes o él se hayan beneficiado de sus relaciones con el Gobernador y el gobierno. También negó haber ejercido presiones para contrataciones privadas por parte del sector público.
En el ámbito político, además de representar a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, al exalcalde de San Juan, Jorge Santini y la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, Bermúdez se presentaba como contacto de prensa de los políticos Melinda Romero y Leo Díaz Urbina, su primo. González dijo tras la publicación del chat que había cancelado su contrato, aunque Bermúdez quiso hacer ver que era él quien había renunciado la mismo.
En la administración de Ricardo Rosselló, Bermúdez ha controlado las relaciones con la prensa y los medios de comunicación, al punto de ser la persona que seleccionó a casi todos los directores de comunicaciones internos de las agencias, así como a un consultor de medios externo adicional en la mayoría de los casos. Según dos fuentes con conocimiento de primera mano, las comunicaciones de casi todos los jefes gubernamentales eran canalizadas hacia Bermúdez por medio de la directora de comunicaciones de La Fortaleza, Rossy Santiago.
“La realidad es que quien puso a todo el mundo en sus puestos (de prensa y comunicaciones) fue él (Bermúdez)”, aseguró una de las fuentes.
Entre los comunicadores clave que presuntamente colocó Bermúdez figuran ex periodistas y personas vinculadas al mundo de la farándula Denisse Pérez, actual secretaria de prensa de Rosselló, Rossy Santiago, la directora de comunicaciones de La Fortaleza, Yolanda Rosaly y Farasch López en Educación, Eric Perlloni en Salud, Alejandro Pabón en ASES, Maura Ríos, en el DDEC, Waldo Díaz, en Corrección, Iván Caraballo en Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y María Batista en la Secretaría de la Gobernación.
Bermúdez aceptó que participó del proceso de selección y recomendó algunas de estas personas, pero negó haberlas escogido.
“[A]lgunos de estos los recomendé y fue una determinación final, grupal donde terminaron conformando en el equipo. Fui parte del grupo de trabajo para identificar talentos”, dijo.
El CPI además corroboró con varias fuentes la existencia de un chat entre los oficiales de comunicaciones, en el que Bermúdez y Santiago daban instrucciones de cuándo y cómo atender las peticiones de la prensa. “Yo no daba órdenes sino que era parte del grupo de trabajo estratégico, éramos un equipo como los hay en todos los gobiernos. Siempre procurando la respuesta a medios y que se atendieran las peticiones de los medios”, reaccionó Bermúdez, aunque el CPI pudo ver instancias en las que Bermúdez ordenaba que se le dieran largas a las peticiones.
El chat fue un detonante
El tema de la corrupción en la administración de Rosselló Nevares, del que se han revelado casos que parecen aislados, comenzó a explotar con la salida abrupta de Raúl Maldonado, su visita al FBI y las declaraciones públicas de su hijo, Raúl Maldonado Nieves, quien tildó directamente al Gobernador de “corrupto” e hizo referencia directa a la presunta intervención de Rosselló para alterar la auditoría al manejo de suministros del huracán María a la organización Unidos por Puerto Rico para proteger a su esposa. A partir de esa fecha comenzaron a filtrarse a la prensa pedazos de un chat del Gobernador con once miembros de su círculo íntimo en el que propio Rosselló, sus funcionarios, asesores – incluyendo a Bermúdez y a Miranda – y Sánchez hacían comentarios misóginos, homofóbicos e insultantes a sectores de la población.
El sábado 14 de julio, el CPI publicó 889 páginas íntegras del chat y un reportaje en el que establecía cómo además de insultos y burlas, incluyendo mofas sobre los cadáveres del huracán María, Rosselló, sus funcionarios, asesores y Sánchez, quien no tiene ninguna relación formal con el Gobierno de Puerto Rico, planificaban el uso de herramientas del Estado para perseguir otros funcionarios, para manipular medios de comunicación, e intercambiaban información privilegiada sobre las operaciones gubernamentales. Desde el mismo sábado, el pueblo se tiró a las redes sociales y a la calle en protestas que han continuado caldeándose en reclamo de la renuncia inmediata de Rosselló.
El sábado, después de que el CPI revelara el contenido íntegro del chat del gobernador con sus figuras más allegadas, Rosselló anunció que ya no usaría el consejo y servicios de la mayoría de los miembros del chat, algunos de los cuales no tenían relación oficial con el Gobierno, pero se aferró a su puesto. Desde entonces, ha sostenido que no va a renunc
Ese día, tanto Bermúdez como Miranda anunciaron que renunciaron a todos sus contratos con el Gobierno. En el caso de Sánchez, el Gobernador — de manera ambigua — manifestó que “prescindió” de sus contratos. Pero Sánchez no ha tenido ningún contrato registrado con el Gobierno. Rosselló tampoco ha sido claro en definir cuál exactamente ha sido el rol de Sánchez luego de dejar la posición de representante suyo ante la Junta de Control Fiscal.
Dos de los miembros del chat, el principal oficial financiero y representante del Gobierno ante la Junta, Christian Sobrino y el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, presentaron sus renuncias el sábado. La renuncia de Sobrino fue inmediata, mientras que la de Rivera Marín es efectiva a finales del mes de julio. Otros dos funcionarios públicos en el chat, el secretario de Gobernación, Ricardo Llerandi y el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, permanecerán en sus puestos.
El presidente de la Cámara de Representantes, Méndez, ha tenido ante sí por casi un año un pedido de investigación de las operaciones de cabildeo para empresas que hace Sánchez y sus asociados sin estar debidamente registrados, y no ha hecho nada al respecto.
Carla Minet, Laura Moscoso, Vanessa Colón, Damaris Suárez y Jeniffer Wiscovitch colaboraron con esta historia.
Esta nota es republicada mediante una alianza con el CPI, puede ver la versión original aquí
