A una semana de su arresto, la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, se declaró ayer no culpable de los siete cargos federales que pesan en su contra por su supuesta participación en un esquema de fraude en el Departamento de Educación (DE).
La exfuncionaria compareció ante el magistrado Marcos López en el tribunal federal, quien le fijó una fianza de $30,000. El magistrado indicó que la mitad de esta cantidad será una fianza asegurada, mientras que la otra será no asegurada. Asimismo, como parte de los parámetros de la fianza, Keleher solo podrá viajar, según decidió López, a Washington, D. C., Maryland, Virginia, Puerto Rico y Pensilvania. De acuerdo con la abogada María Domínguez, representante legal de Keleher, este último estado es donde residen los padres de la exfuncionaria.
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Tras enfrentar un proceso inicial la semana pasada en Washington, D. C., Keleher llegó ayer cerca del mediodía a la isla.
De allí se trasladó a las instalaciones federales, a eso de las 2:00 p. m., donde un grupo de magisteriales la recibió con una protesta, lo que requirió que fuese escoltada por oficiales federales hasta la entrada del edificio.
Los manifestantes hicieron sentir allí mismo su descontento con la gestión de Keleher como secretaria del DE, cargo que ocupó desde enero de 2017 hasta el 1.o de abril de 2019. Mientras intentaba entrar en las instalaciones federales, los manifestantes se acercaron a la exfuncionaria y le gritaron “pilla” y “corrupta” , entre otras cosas. A su entrada al tribunal, Domínguez indicó que no podía realizar expresiones debido a una orden de mordaza impuesta por el Tribunal Federal.
Durante la vista, el magistrado López enumeró los cargos por los cuales se le acusa a Keleher, que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer robo.
Por los cargos de fraude electrónico, la exfuncionaria enfrenta una pena máxima de 20 años y una multa de no más de $250,000. Mientras que por el delito de conspiración para cometer robo, el magistrado López indicó que se enfrenta a una pena máxima de 5 años y una multa máxima de $250,000.
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Mediante su abogada, Keleher se declaró no culpable de los siete cargos.
La fiscal federal Marie Christine Amy solicitó al juez que impusiera una fianza de $200,000 debido a la naturaleza de los cargos y los recursos económicos de la exfuncionaria. Domínguez objetó la petición y hasta solicitó que se mantuviera la determinación del magistrado en Washington, DC de que la extitular de Educación permaneciera en libertad bajo su propia responsabilidad.
Según Domínguez, Keleher demostró que “nunca ha intentado esconderse de las autoridades” y que no se trata de crímenes violentos ni obstrucción a la justicia. La abogada, incluso, señaló que Keleher está desempleada.
Sin embargo, Amy reiteró: “No estamos pidiendo detención; solo una cantidad razonable de fianza”.
El magistrado decidió entonces fijar la cantidad de la fianza en $30,000 y estimó que el monto que solicitó la Fiscalía era “excesivo”. Además, eximió a Keleher de realizarse pruebas de sustancias controladas.
De acuerdo con el pliego acusatorio del Gran Jurado federal, Keleher participó en dos esquemas de fraude. El fraude en total —según las autoridades federales— fue de $15 millones entre el DE y la Administración de Seguros de Salud (ASES).
En el pliego también figura como acusada Ángela Ávila, exdirectora de ASES; el expresidente de la empresa BDO, Fernando Scherrer; el exsubcontratista Alberto Velázquez Piñol; Glenda Ponce, exasistente especial de Keleher, y su hermana Mayra, dueña de la empresa Colón & Ponce. Inclusive, ayer Ávila y Scherrer acudieron a las instalaciones federales para culminar los procesos de fianza.
Como parte del forcejeo durante la llegada de Keleher, los oficiales federales arrestaron al manifestante Arnaldo Laboy. No obstante, su abogado, Diego Alcalá, se limitó a señalar que se le radicaron unos cargos menos graves, pero no precisó cuáles.
