En medio de la controversia por supuestos esquemas de fraude en agencias de gobierno, el gobernador Ricardo Rosselló hizo cambios en una orden previa que le permite tomar decisiones fiscales, lo que podría resultar inconstitucional.
Y es que el pasado 27 de junio, el gobernador Ricardo Rosselló firmó la Orden Ejecutiva 2019-30 en la que extiende a seis meses el término de emergencia fiscal en la isla. El primer ejecutivo firmó el documento al amparo de la Ley 5 de 2017 en el que decretó un periodo de emergencia fiscal “durante el cual el gobernador puede tomar medidas para garantizar la responsabilidad fiscal del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades y la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes de Puerto Rico”.
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A juicio del profesor de Derecho Carlos Ramos, la ley puede resultar “peligrosa”, ya que “acelera la toma de decisiones, inmuniza en algunos casos a los que toman las decisiones y —al acelerarla— las hace más oscuras, menos transparente”.
“[La ley]] concentra indebidamente los poderes fiscales en la Rama Ejecutiva con pobre fiscalización”, señaló el también abogado.
De acuerdo con el más reciente cambio, la Ley 46 de 2017 enmendó la ley 5 para permitirle al gobernador extender el periodo de emergencia a seis meses, en lugar de tres meses como lo planteó la ley original.
Ramos también mostró preocupación en torno al artículo 106 de la ley que establece una serie de protecciones para funcionarios en el ejercicio de su cargo, que incluye inmunidad civil o criminal y por acciones de negligencia crasa.
“Aumenta, a mi juicio, las posibilidades de que esas acciones pasen por debajo del radar y se cometan abusos y actos de corrupción”, subrayó.
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Precisamente, la polémica de corrupción ha estado muy presente debido a los arrestos federales de la exsecretaria de Educación Julia Keleher y la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, y otros cuatro acusados, debido a su supuesta participación en un esquema de fraude y robo de fondos federales, entre otras instancias.
Sin embargo, para Ramos, el impacto de esta ley en las decisiones tomadas por funcionarios está por verse. “Ahora se va a ver más crítica, vamos a ver las consecuencias pronto”, anticipó Ramos.
Consideró, además, que la ley es muy amplia y pretende justificar las decisiones tomadas en los pasados dos años basadas en emergencia como acelerar la toma de decisiones.
El abogado constitucionalista dijo también que, aunque no ha sido llevada a los tribunales, la constitucionalidad de la ley se puede cuestionar.
“Es tan amplia que, prácticamente, impacta todas las decisiones que toma el Gobierno de Puerto Rico”, sostuvo.
Metro intentó indagar con el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, las razones por las cuales se volvió a extender este periodo de emergencia, pero no respondió nuestras llamadas.
Tampoco obtuvimos respuesta del secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi ni el subsecretario de la gobernación, Erik Rolón.
