El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) presentó un informe y memorando de derecho sobre las bases jurídicas para el residenciamiento del gobernador Ricardo Rosselló, que fue preparado por un equipo de juristas de la institución.
“El país clama por la renuncia del gobernador de Puerto Rico, y este Colegio de Abogados y Abogadas tiene que unirse a ese clamor”, sentenció Edgardo Manuel Hernández Estrada, presidente del Colegio. Según expuso en conferencia de prensa, la entidad estableció un comité especial de juristas que elaboró el documento en cuatro días.
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El informe fue preparado por los profesores Yanira Reyes Gil y Carlos Iván Gorrín Peralta, así como el expresidente del CAAPR, Eduardo Villanueva Muñoz.
De igual forma, el presidente del CAAPR confirmó que copia del informe de 11 páginas fue entregada al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez. Asimismo, dijo que se entregará el documento a todos los legisladores.
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Además, Reyes Gil precisó que el proceso de residenciamiento se trata de un juicio político y no uno criminal. “Por no tratarse de un proceso criminal, no corresponden entonces las garantías que provee el procedimiento criminal ordinario. No obstante, la cláusula sí establece unos límites a este proceso para evitar procesos políticos partidistas en la medida en que se requieren mayoría extraordinaria de dos terceras partes para acusar y de tres cuartas partes para emitir el fallo condenatorio. Por otro lado, se limitan las causas que pueden motivar el proceso de residenciamiento. Estas son cuatro: traición, soborno, otros delitos graves y delitos menos graves que impliquen depravación”, reza el informe.
“Lo que se necesita para el proceso es que la Cámara de Representantes decida iniciarlo”, expuso por su parte Gorrín Peralta.
Por otro lado, se dijo que los posibles delitos identificados en el informe incluyen la participación de Elías Sánchez en el chat, las expresiones de violancia contra la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, la discusión sobre cesantear a la esposa del senador Juan Dalmau, Griselle Morales, además del intercambio sobre el exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio.
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Además de esos posibles delitos, el informe del CAAPR señala el delito de conspiración, malversación de fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Conclusión del informe
“A la luz de lo antes expuesto, entendemos que las conductas y omisiones del señor Ricardo Rosselló, en unión a los demás participantes en el chat, pueden constituir delitos graves y delitos menos graves que implican depravación. Hay base más que suficiente para que la Cámara de Representantes inicie el proceso de residenciamiento contemplado en la Constitución, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de su responsabilidad constitucional e histórica”, concluye el informe del CAAPR.
Finalmente, los abogados puntualizaron que la ciudadanía puede exigir sus legisladores que den inicio al proceso de residenciamiento del gobernador Rosselló.
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