La jefa de los fiscales del Departamento de Justicia (DJ), Olga Castellón negó el lunes las alegaciones de que esa agencia no investigó alegadas irregularidades en la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal y aseguró hay una investigación abierta desde septiembre de 2018.
“No vamos a entrar en las interioridades de lo que hemos estado investigando con relación a este asunto, pero se están investigando todos los ángulos… (Se está investigando) desde septiembre de 2018 fecha que se alega se trajo a la atención de la secretaria de Justicia. Se han entrevistado testigos y la investigación está abierta”, dijo Castellón en entrevista radial (WKAQ).
El viernes el portal “En Blanco y Negro con Sandra”, de la comunicadora Sandra Rodríguez Cotto divulgó informes basados en conversaciones de mensajes de texto y “chats” que alegan que la secretaria del DJ, Wanda Vázquez Garced se negó a investigar un alegado esquema de corrupción en la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal para beneficiar a los esposos y asesores de Fortaleza, María Palau Abasolo y José Giovanni Ojeda, quienes supuestamente obligaban que se le dieran licencias de cannabis a empresas específicas. Otro de los señalamientos es por supuestamente no investigar un alegado esquema de fraude que culminó con la desaparición de 11 millones de dólares de la Junta de Farmacias.
Mientras, informes de prensa alegan que estos señalamientos apuntan a intervención de cabilderos y abona a las alegaciones de que el exrepresentante ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Elías Sánchez tenía capacidad de influenciar a funcionarios del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. También se menciona la alegada influencia de la esposa de Sánchez, Valerie Rodríguez Erazo.
Estas alegaciones, impedirían a Vázquez Garced asumir el cargo de gobernadora desde el 2 de agosto con la renuncia del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, como le corresponde por orden constitucional por no haber un secretario de Estado. El domingo, la funcionaria dijo que no interesa el cargo y pidió al gobernador que nombre un secretario de Estado.
“Lo que pasa es que las personas pueden pretender que una vez hacen un referido o que hacen una consulta, que el Departamento de Justicia se siente a darle un ‘update’ de lo que nosotros estamos haciendo y eso no es así”, explicó la funcionaria.
“Una vez se da una querella o una consulta, el Departamento de Justicia una vez empieza a trabajar no se sienta a estar llamado a decir: entrevistamos a ‘x o a y’ porque eso es impropio. Las investigaciones del Departamento de Justicia están cobijadas bajo el manto de confidencialidad de la misma manera que las investigaciones están cobijadas bajo el secreto del gran jurado. Son confidenciales, no se pueden divulgar, sería irresponsable y sería ilegal hacer esa divulgación a terceras personas que no tengan que ver con el Departamento de Justicia”, agregó.
La también fiscal federal defendió la labor del DJ y aclaró es el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) el encargado del procesamiento criminal de casos de corrupción y que se han hecho 39 referidos. Asimismo, explicó que las autoridades federales también pueden colaborar en estos casos, bajo la jurisdicción concurrente.
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