Ante la situación de crisis económica y política en que se encuentra el gobierno de Puerto Rico, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) exhortó a su matrícula a mantener y reforzar su activismo en favor de los derechos humanos, la justicia social y la equidad.
“Ante la diversidad de análisis legales y constitucionales, Pedro Pierluisi juramentó como gobernador del país. El CPTSPR se mantiene alerta frente al evidente conflicto que posee el actual gobernador con su gerencia con la Junta de Supervisión Fiscal, estaremos alertas y activos defendiendo los derechos humanos de nuestra ciudadanía. La objetividad requiere de análisis crítico y claridad de principios”, manifestó mediante un parte de prensa la presidenta del CPTSPR, Mabel López Ortiz.
Asimismo, López Ortiz afirmó que la democracia participativa ha sido clave para cambiar el rumbo del país, fiscalizando a la clase política y exigiendo el respeto a su dignidad.
No obstante, alertó que aún le corresponde a los profesionales del trabajo social continuar exigiendo acciones para estabilizar la situación actual.
“En lo inmediato nos corresponde continuar exigiendo acciones urgentes para estabilizar la situación social, económica y política y demandar mayor participación ciudadana. Entre estas acciones proponemos el nombramiento de un Secretario o Secretaria de Estado que tenga la confianza del pueblo, un detente de todos los procesos judiciales en la Corte Federal y la derogación de la Ley PROMESA”, expresó la profesional del trabajo social.
Por otro lado, la Presidenta del CPTSPR subrayó la necesidad de atender la condición colonial de Puerto Rico, y de asegurar el derecho del pueblo a la libre determinación y a los procesos democráticos, como la posibilidad de una asamblea constitucional de estatus.
Igualmente, expresó su rechazo a la imposición de un Coordinador Federal, a que el Congreso dote de más poderes a la Junta de Control Fiscal y a todas las iniciativas de privatización y de alianzas público-privadas.
El CPTSPR además sugirió que se atienda con premura el procesamiento penal de todas las personas responsables de actos de corrupción, apropiación ilegal de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, recopilación ilegal de información personal, discrimen político-partidista e intervención e influencia indebida en las operaciones gubernamentales; y se constituyan procesos de transparencia para a eficiente fiscalización.
