Tan solo un día después de que Ricardo Rosselló renunció a la gobernación, su administración defendió el nombramiento de los siete integrantes de la Junta de Control Fiscal ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Mediante una moción la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) solicitó a los nueve jueces del Tribunal Supremo federal que invaliden la decisión del Tribunal Apelativo del Primer Circuito que declaró inconstitucional los nombramientos de la JCF. De acuerdo con la decisión del foro apelativo —con sede en Boston—, los miembros fueron nombrados sin seguir la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos, que requiere el nombramiento del presidente y luego la confirmación del Senado.
Sin embargo, el Gobierno de Puerto Rico planteó que no se puede aplicar esa cláusula en la designación de los integrantes de la JCF debido a que son oficiales “territoriales” y no oficiales “federales”.
El Gobierno argumentó, además, que la Ley Promesa no extendió poderes federales al ente fiscal.
“La Cláusula de Nombramientos no gobierna a los nombramientos de los integrantes de la Junta debido a que el Congreso solo les otorgó poderes de naturaleza territorial. Bajo Promesa, los integrantes de la Junta no son oficiales de Estados Unidos, sino oficiales del Gobierno territorial de Puerto Rico”, reza la demanda.
Asimismo, alegaron que, de confirmarse que los nombramientos fueron inconstitucionales, se podría cuestionar la legitimidad del propio Gobierno electo de Puerto Rico y otros territorios, como el Distrito de Columbia, la capital federal.
“Se cuestionaría la legitimidad de la elección del gobernador y la Legislatura de Puerto Rico, así como la composición del Gobierno, ya que ningún oficial de Puerto Rico es designado al amparo de la Cláusula de Nombramientos”, lee el documento legal.
Esta posición es similar a la que sometió el procurador general de Estados Unidos en junio al plantear que declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos de la Junta tendría el efecto de invalidar el Gobierno de Puerto Rico. El Tribunal Supremo citó a una vista el 15 de octubre para evaluar la controversia.
