Varios docentes hicieron un llamado a la Junta de Directores de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) a activar un procedimiento ético contra su presidenta Aida Díaz ante los señalamientos en su contra de posible conflicto de interés.
Marie Cabrera, maestra de Inglés de Guaynabo; Luis González, maestro retirado; Angelo Rivera, maestro de San Germán; y Melvin Ramos, maestro de Matemáticas en Ponce, revelaron por primera vez denuncias que aún mantienen ante la Comisión Apelativa de Servicio Público, luego de que se les expulsó de la Junta de la AMPR por presuntamente hacer cuestionamientos sobre las finanzas del sindicato.
“Luego de ser electos, se nos pide un plan de trabajo, un presupuesto, cómo entendíamos la organización. Nos reunimos, preparamos un presupuesto, cuestionamos una serie de cosas y ahí entonces es que comenzaron los choques”, contó Cabrera. El grupo narró que entendían que la Local Sindical debía ser un ente aparte de la AMPR, así como el Hospital del Maestro y la Cooperativa. Otros cuestionamientos del grupo fueron el uso de cuotas y el costo del bufete de abogados, que en ese entonces llegó a facturar $1.2 millones.
Tras levantar esas dudas, el entonces secretario general interino, Noel Cedeño, radicó una querella contra el grupo por lo que se activó un procedimiento ético en su contra. Los señalamientos eran por no reconocer las autoridades de la asamblea y de la Junta de Directores de la AMPR sobre la Local Sindical, consultar información con terceros —por crear el diagrama de la organización junto a otros maestros—, no reconocer el liderato del secretario general y obstaculizar el progreso de la AMPR.
El grupo cuestionó movidas de Díaz previo a la querella del secretario general interino, por ejemplo, que supuestamente pidió achicar la Junta de Directores y la volvieron a agrandar luego de su expulsión del ente.
Junto a los cuatro educadores, también estuvo el maestro Ralphy Torres, quien falleció durante el proceso. Según Cabrera, el día antes del fallecimiento estaban en una llamada en conferencia en la que Torres les contó que se sentía mal con relación a la situación que atravesaban.
“Aunque doña Aida legalmente esté bien, moralmente es cuestionable que su familia esté trabajando para el patrono”, declaró González, maestro retirado, quien, al igual que sus compañeros, afirma que aún creen en la AMPR como institución, aunque aseguran “que está corrompida”.
“¿Dónde está esa Junta de Directores que no ha convocado para preparar un comité de ética. No han hecho sus funciones para lo que fueron electos”, agregó.
De igual forma, exigieron que la Federación Americana de Maestros (AFT, siglas en inglés) active un comité independiente que evalúe los contratos de la familia de Díaz.
Y si por años se ha denunciado el resultado de las pruebas de aprovechamiento y cómo se administran, entonces hay un doble discurso, porque la entidad que dirige el esposo de Díaz “se aprovecha de los resultados”, expresó González.
Por su parte, la presidenta de la Asociación reaccionó con una invitación: “Que vayan y lo pidan a la asamblea con mucho gusto, que demandaron a la Asociación y perdieron el caso”, sostuvo.
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