Expertos ambientalistas mostraron su oposición a que se amplíe el vertedero de Fajardo como anunció la Junta de Control Fiscal (JCF) al designar el proyecto como crítico.
Neftalí García, químico y científico ambiental, opinó que la determinación implica “llevar a cabo procesos complejos con un gran potencial de contaminación, sin evaluarlos de manera profunda”.
Entre esas evaluaciones que son necesarias figuran las consecuencias que tendrá la operación del vertedero por 20 años más para los cuerpos de agua cercanos.
“La cercanía del río Fajardo hace que una expansión de ese vertedero tenga un gran peligro de contaminación de agua superficial. Los vertederos son una fuente de dióxido de carbono y de metano. Ambos gases que intensifican el efecto de cambio climático, lo que se llama el efecto de invernadero”, agregó.
Por su parte, el experto en Salud Pública y en el tema de vertederos, Juan Rosario, recalcó que la prioridad debe ser de promover el reciclaje.
“A mí me parece una barbaridad que se esté hablando de extender la vida útil de cualquier vertedero sin tener absolutamente ningún plan para manejar los residuos del país, después de que en 1972, hace 27 años [tenemos una] Ley de Reciclaje”, declaró el experto.
Además, dijo que si la isla alcanzara un 60 % de reciclaje, se lograría la creación de 25,000 empleos relacionados en Puerto Rico.
En una comunicación escrita, la Junta había detallado que con el proyecto se crearán 125 empleos. Además, se espera que con su ampliación genere 4 megavatios mediante una operación de gas a energía (GAE) “con un equipo especializado para utilizar el metano como combustible y generar energía eléctrica”.
Junta defiende proceso expedito de permisos para el vertedero
Por otro lado, el portavoz del ente creado por la Ley Promesa, Edward Zayas, expuso que el proyecto atiende “dos proyectos en uno”, ya que sirve a los municipios que necesitan manejar sus desperdicios y generar energía.
La Junta de Control Fiscal detalló que el contrato es uno ya existente entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la empresa Fajardo Landfill Technologies, que hizo una inversión de $5.3 millones. Zayas afirmó que el proyecto cumple con los requisitos del Título V de la Ley Promesa, entre los que destacan la creación de empleo, impacto de los proyectos en situaciones de emergencia y los beneficios económicos del proyecto.
Mientras, Fernando Padilla, encargado de gestión de proyectos (PMO) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), manifestó que el pico de demanda es de 2,600 megavatios al año, por lo que continuarán la compra de los 4 megavatios que debe producir el vertedero una vez se amplíe su capacidad. “Ver un contrato de PPA (power purchase agreement) de 10, 15, 20 años es normal en la industria y es bien normal en Puerto Rico”, expuso.
Padilla agregó: “No estamos hablando de una AES, una Ecoeléctrica, que estamos hablando de 350 a 500 megavatios. Son energías no convencionales. Son una fuente de producción que no es la convencional y aporta al sistema”.
Padilla detalló que la AEE es la contraparte del contrato con Fajardo Landfill, para la compra de la energía por gas que se produce en el vertedero.
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