La contratación de los dos laboratorios en Estados Unidos que analizarán los cerca de 2,700 SAFE kits atascados en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) desde 2001 enfrenta un importante escollo: podría tratarse de evidencia que no desfile en los tribunales como parte de la evidencia en contra de los acusados.
“El Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que la persona que lleva a cabo el examen o el análisis tiene que estar disponible para declarar. Si no está disponible para declarar, no sería admisible la evidencia”, explicó la licenciada Ana María Strubbe, de la Sociedad de Asistencia Legal (SAL).
Esto no solo podría significar que víctimas quedarían desprovistas de justicia y los casos se caerían sin un perito disponible para un contrainterrogatorio, sino que también impide la posibilidad de un nuevo juicio a supuestos agresores que cumplen sentencia por agresión sexual y han solicitado revisión de la evidencia genética.
Sin embargo, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), el capitán Elmer Román, garantizó a Metro que “en el contrato quedó establecido” que los peritos que hagan el análisis se presentarán en los tribunales para defender lo que se convertiría en la prueba. “Por eso fue que fue tan compleja la negociación del contrato”, explicó.
Sin embargo, se desconocen los detalles sobre cómo se garantizará esta práctica, puesto que no se ha firmado el contrato y, por lo tanto, no ha sido divulgado. De hecho, todavía no están asegurados los $3 millones que se requieren para el pago a los dos laboratorios, puesto que la asignación inicial caduca hoy. Román informó la semana pasada que identificó “un sobrante”.
“El Departamento de Justicia va a enfrentar una seria problemática si la única manera de identificar ese agresor es ADN, y no tienen disponible ese perito”, alertó Strubbe.
Por otra parte, la licenciada recordó que “la Legislatura ha tenido ante sí varios proyectos para que puedan declarar por videoconferencia, pero no se han aprobado. Siempre la presencia es decisiva para poderse confrontar con el acusado y que el abogado lo pueda contrainterrogar”.
No todos los SAFE kits tendrían un impacto legal
La licenciada Strubbe explicó que muchas de las muestras que llegan al NCF son innecesarias porque la víctima identificó a su agresor de otra manera y hay suficiente evidencia para sostener la acusación.
“La mayoría de los casos que nosotros vemos en los tribunales, o son familiares (los violadores), o saben quién es la persona por otros medios de identificación. Pero como el protocolo lo hicieron (el recogido de la muestra), pues ese equipo está en el NCF y se espera que se trabaje”, ilustró.
Para ello, el Departamento de Justicia lleva seis meses trabajando con el Negociado de la Policía y el NCF para hacer un inventario de los SAFE kits y determinar la procedencia y estatus de los casos, confirmó la jefa de Fiscales Olga Castellón Miranda.
“La determinación de someter a un análisis se hace caso a caso y depende de varios factores, no exclusivamente de si el caso está resuelto o no”, explicó a Metro en declaraciones escritas.
Al cierre de esta edición, se desconocía el estatus del inventario. Un informe en el Senado reunió las deficiencias en este proceso y la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, argumentó que hacía falta legislación para regular el manejo de los SAFE kits.
