Biff Whitten, un consultor externo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), viajó el pasado 29 de enero a Puerto Rico desde Los Ángeles, California. Se registró en el hotel Vanderbilt en Condado. Allí vivió por tres meses consecutivos, pagando con fondos públicos unos $300 por noche.
Por ejemplo, en la página de COR3 solo aparecen cuatro contratos que la oficina otorgó en 2018. En esta página, de la agencia, que se supone que centraliza el manejo de estos fondos, no hay información o documentos que demuestren contrataciones que otras agencias del Gobierno o municipios hayan realizado con fondos de recuperación. Esa especificidad sobre cuáles contratos están relacionados con fondos de recuperación tampoco se obtiene revisando el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, donde igualmente faltan las enmiendas a los contratos.
PUBLICIDAD
Whitten trabaja en Filsinger Energy Partners, una firma de consultoría con sede en Denver, Colorado. Esta empresa es la principal consultora financiera y operacional de la AEE desde diciembre de 2017, cuando el entonces primer mandatario, Ricardo Rosselló Nevares, nombró a su presidente, Todd Filsinger, principal asesor financiero de la corporación pública.
Pero las áreas de trabajo de Filsinger van más allá de las finanzas de la AEE. Incluyen asuntos de servicio al cliente, manejo de contratos, la compra de combustible y la operación del sistema energético de la isla. La cantidad de trabajo que realiza en la AEE ha llevado a parte del equipo de esta firma, todos extranjeros, a pasar más tiempo en la isla que en sus casas.
En los primeros cinco meses de este año, Filsinger facturó más de 740 noches de hotel en la isla para hospedar a 17 empleados. La gran mayoría fueron en el hotel La Concha, seguidas por el San Juan Marriott y el Vanderbilt. En total, la cuenta a pagar para la AEE por el hospedaje de estos consultores en cinco meses superó los $220,000. Un pedido de reacción a la firma Filsinger Energy Partners no fue atendida al cierre de esta edición.
Cientos de consultores y abogados provenientes de más de 30 firmas privadas trabajan en asuntos relacionados con la operación, reestructuración y privatización de la AEE. Muchos casi a tiempo completo, con tarifas que superan los $500 por hora, más gastos reembolsables como hospedaje, comidas y transportación. Algunos de estos contratistas tienen acceso directo a la gerencia de la AEE, participan de reuniones de la Junta de Gobierno y dan instrucciones directas al personal de la corporación pública, encontró la investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
El director ejecutivo de la AEE, José Ortiz Vázquez, opinó en entrevista con el CPI que gastos, como estadías de tres meses en hoteles de lujo, son razonables.
PUBLICIDAD
“En consultoría tenemos $63 millones. Esto, dentro de un presupuesto de $3,200 millones, es un 2 %. Eso no es gran cosa para una entidad en quiebra, cuando te exigen todo lo que es consultoría. Y ahí está todo: las noches esas que tú me dices y los gastos”, dijo el ingeniero.
A pesar de reconocer que “se está pagando altísimo por hora” a consultores externos como Filsinger, Ortiz Vázquez alega que son costos que se negociaron antes de que él llegara a la AEE y “quizás son los adecuados”.
Para el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, el gasto en consultores externos muestra “el despilfarro que hay de dinero, cómo se han beneficiado los contratistas y utilizado la crisis para hacer ganancias a costa del pueblo de Puerto Rico”, en momentos que no hay dinero para costear el plan médico y el retiro de los empleados de la AEE.
“No tiene ninguna proporción a lo que está pasando en el país. No hay sensibilidad y se están enriqueciendo con la crisis que vive el país”, dijo el líder obrero.
Ortiz Vázquez, por su parte, argumentó: “¿Por qué la AEE ha gastado tantos millones en los últimos años? Empezando desde Lisa Donahue, principalmente porque, al estar en la quiebra, irte a Título III, necesitas asesores especializados que el tribunal te dice: ‘Los tienes que tener porque no puedes ser tú, tiene que ser alguien que haya hecho a, b, c…’”.
El tribunal federal, sin embargo, no requiere que la AEE contrate consultores externos como parte del proceso de quiebra que enfrenta la entidad desde el verano de 2017, según confirmó la Junta de Control Fiscal al CPI.
Mientras Ortiz Vázquez dice que hay $63 millones en consultoría durante este año, la cifra deja fuera el gasto en asesores que trabajan temas relacionados con la corporación pública aunque están bajo contrato con otras agencias o con la Junta de Control Fiscal. Además, el presupuesto de la corporación pública para este año fiscal en realidad destina más de $115 millones para consultoría relacionada con la reestructuración, la quiebra y la privatización de la AEE. La partida presupuestaria de consultoría supera el 25 % del gasto total de nómina en la AEE.
“Cuando el gobernador me pide que entre a la AEE, yo dije: ‘Aquí hay unas condiciones; la AEE no la está corriendo la AEE, la está corriendo un consultor’”, admitió Ortiz Vázquez, quien regresó a la AEE en julio de 2018 luego de haber presidido su Junta de Gobierno durante la administración de Luis Fortuño.
Sostuvo que Filsinger se reportaba directamente a la Junta de Gobierno y estaba “por encima del director ejecutivo”. Dijo que ahora todo el mundo se reporta a él y que ha disminuido el rol de contratistas y consultores privados, al igual que el gasto relacionado con estos servicios. “Mucha gente de mi propio staff me dice: ‘Oye, esto es otra cosa, del cielo a la tierra, porque ahora nosotros estamos decidiendo’”, manifestó.
Pero documentos y fuentes consultadas por el CPI apuntan a lo contrario: la AEE continúa en manos de contratistas privados.
“La AEE está siendo operada, administrada y dirigida por entes privados. La Junta de Gobierno casi completa viene del sector privado”, dijo Figueroa Jaramillo.
Figuras como Todd Filsinger, el principal asesor financiero de Filsinger Energy Partners, o José Pérez Canabal, un “asesor ejecutivo” que cobra $130,000 por seis meses de consultoría, han sido objeto de cuestionamientos por el poder que ostentan y la naturaleza de las tareas que realizan en la AEE.
La factura más reciente de Filsinger dice que “utiliza personal de la AEE para muchas de [sus] labores y no factura por funciones administrativas”. El contrato de Pérez Canabal lo coloca como mano derecha de Ortiz Vázquez, con facultades de supervisión sobre grupos de trabajo dentro de la corporación pública, incluida la oficina que maneja los fondos federales de recuperación. Un artículo reciente de El Nuevo Día detalla las funciones que realiza Pérez Canabal como contratista, además del acceso y poder de los que goza dentro de las más altas esferas de la AEE.
Pérez Canabal fue vicepresidente de la Junta de Gobierno de la AEE hasta 2012, cuando renunció en medio de señalamientos de corrupción. Fue acusado por el Departamento de Justicia local en 2014, pero no se encontró causa para su arresto. Su contrato actual no pasó por el crisol de la Junta de Gobierno, según confirmó al CPI el representante del interés público ante el cuerpo, Tomás Torres Placa, ya que la cuantía estaba por debajo del límite que requiere el consentimiento del cuerpo rector.
Ortiz Vázquez defendió a su asesor y negó cualquier acción indebida de parte del contratista.
“Pérez Canabal también trabaja para mí. Es uno de los que traigo. Pérez Canabal se gana $150 por hora. La gente de Filsinger está como en $600 la hora. Pérez Canabal es un asesor, igual que Ankura, Filsinger…”, sostuvo. Ortiz Vázquez coincidió con Pérez Canabal en la Junta de Gobierno de la AEE bajo Fortuño y, posteriormente, en el sector privado, cuando ambos trabajaron en CSA Group, una firma de ingeniería y desarrollo de proyectos.
“[Pérez Canabal] se asegura que lo que yo dictamino… Ser como un enlace con el área operacional. Él no decide sobre ningún aspecto de la AEE. Puede participar en una reunión y decir: ‘Discutí esto con el director ejecutivo y dijo que esta es la línea’, pero todo lo que se decide aquí es responsabilidad mía”, sostuvo Ortiz Vázquez, quien asegura que “ningún consultor aquí decide nada”.
El pasado 14 de agosto, la Junta de Gobierno de la AEE cursó requerimientos de información a Ortiz Vázquez para que detalle algunas de las contrataciones que ha realizado en la corporación pública, incluida la de Pérez Canabal.
“Específicamente, la Junta [de Gobierno] requirió detalles en relación con la necesidad de los servicios, las tareas y funciones asignadas, razonabilidad de las tarifas establecidas, cuantía de pagos, razones para extensiones de haber surgido alguna y cualquier información pertinente a esta evaluación”, lee el comunicado. La Junta de Gobierno de la AEE dijo que rendirá un informe con recomendaciones a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, pero al cierre de esta edición el representante del consumidor, Torres Placa, desconocía el estatus de este proceso.
A preguntas del CPI sobre su relación con CSA Group, Ortiz Vázquez dijo que trabajó en la compañía como vicepresidente de desarrollo de abril de 2017 al verano de 2018, cuando fue nombrado como director de la AEE por Rosselló Nevares. Pero el comunicado que publicó La Fortaleza con su nombramiento y un CV del director ejecutivo dejan fuera esta experiencia de trabajo en CSA. Ambos colocan a Ortiz Vázquez como empleado de la cadena de hoteles Wyndham Worldwide hasta el momento en que llega a la AEE. Meses después del huracán María, el Gobierno canceló un contrato con CSA para la inspección de escuelas en medio de señalamientos sobre su pobre ejecutoria y falta de capacidad para cumplir con las labores.
“Ellos [CSA] participaron en enero 2019 en un RFP público [de la AEE] y lo ganaron. Yo pedí que no se le adjudicara porque si algo tenemos que recuperar aquí es credibilidad. Y por más que te diga a ti que cumplí con los mecanismos de inhibición, si se ve mal, está mal en la vida pública”, arguyó Ortiz Vázquez, quien asegura que busca “evitar el qué dirán”.
Añadió: “CSA sí tiene alguna gente por ahí [en la AEE], pero son empleados del COR3 [la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia]. No son nuestros. Lo que pasa es que COR3, por mandato de ley, tiene [poder] sobre todas las agencias y CSA sí tiene [contratos] con ellos para varias agencias. Algunos vienen por ahí, pero no es un contrato mío, es un contrato que estaba previo”.
El director negó al CPI mantener algún tipo de relación con su antiguo patrono.
Minutos antes de su respuesta, durante la entrevista, el CPI observó que Ortiz Vázquez recibió en su teléfono celular una llamada de un número identificado como “Fred Riefkohl”, quien es el actual presidente de CSA.
Días después de la entrevista, Ortiz Vázquez confirmó en conferencia de prensa que su hija labora en CSA. En la firma también trabaja desde 2017 el exsecretario de la Vivienda y de Desarrollo Económico bajo la administración de Pedro Rosselló González, Carlos Vivoni. En la entrevista con director ejecutivo de la AEE, el CPI también preguntó si el cabildero y amigo de Rosselló Nevares, Elías Sánchez, había intercedido en alguna capacidad a favor de sus clientes en asuntos relacionados con la corporación pública. Ortiz Vázquez dijo que no.
Este reportaje se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Accédalo en periodismoinvestigativo.com
