Una vista ocular de la Cámara de Representantes develó serias deficiencias en dos hospitales psiquiátricos operados por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), que inciden directamente en el tratamiento de los pacientes y que podrían significar una violación a sus derechos civiles.
Por un lado, hace más de un año, que el Hospital Psiquiátrico Forense de Río Piedras opera sin licencia por incumplir con los requisitos de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS), división adscrita al Departamento de Salud.
PUBLICIDAD
Mientras, el hospital de psiquiatría general Ramón Fernández Marina mantiene hacinados y durmiendo en colchones en el piso a 20 pacientes en su sala de emergencias, porque solo tiene cupo para 26 y hasta ayer había admitido a 46. Esta institución, pese a la falta de camas, sí tiene licencia para dar servicios.
La vista pública fue ordenada por la Cámara baja tras la aprobación de la Resolución 1358 que delega a su Comisión de Salud investigar todas las facilidades médico hospitalarias en Puerto Rico.
Ante preguntas del presidente de la Comisión, Juan Oscar Morales, Doris Borrero, inspectora de SARAFS, indicó que en el psiquiátrico forense hay deficiencia de enfermeros, así como de terapeutas recreativos y ocupacionales. Aseveró que las paredes de las instalaciones –al menos para el 27 de junio cuando las visitó– tenían hongo. La funcionaria reveló también que la alarma de incendios no funcionaba.
Borrero describió el hospital como “un riesgo” e indicó –luego de preguntas del representante popular Jesús Manuel Ortiz– que de haber sido una empresa privada, Salud lo hubiese cerrado. Agregó que desde marzo la institución no ha entregado documentos para intentar renovar su licencia, la cual no está vigente desde el 2 de junio de 2018.
Mayra Colón, directora del Hospital Psiquiátrico Forense, aceptó las deficiencias de personal y agregó que no tienen la capacidad presupuestaria para adiestrarlos como se hace en las empresas privadas, donde reciben instrucción por cerca de un mes. En los hospitales de AMSSCA estos adiestramientos se ofrecen, de acuerdo a la administradora, en 5 y 6 días.
PUBLICIDAD
“Sí, es insuficiente [el adiestramiento] en términos de tiempo, porque puede ser que a esa persona se le oriente sobre todos los procedimientos y las políticas del hospital, pero realmente ponerlo en práctica es más difícil porque lo que va a tener es quizás una mentoria de dos o tres días, versus otros hospitales donde quizás son privados y pues la orientación puede ser a un mes”, indicó.
Esta situación ha generado consecuencias, como por ejemplo el descuido de medicamentos controlados por parte de ciertos empleados. Colón dio cuenta de al menos una ocasión en la que encontró una píldora de Klonopin al lado de un zafacón.
Por su parte, Carmen Bonet, directora del Hospital Ramón Fernández Marina, adjudicó el hacinamiento en sala de emergencias a la acumulación de pacientes que están bajo las Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal. El primer estatuto sostiene que las personas imputadas de delito que no tienen la capacidad mental para entender un proceso legal deben ser enviadas a instituciones psiquiátricas forenses; el segundo se refiere a los ciudadanos descritos por los magistrados como peligrosos para la sociedad y que deben ser recluidas en instituciones “adecuadas”. Para mover a estos pacientes el hospital debe esperar una orden del Tribunal. Sin embargo, la funcionaria comentó que hasta ayer, de las 46 personas en la sala de emergencias solo tres estaban bajo Regla 240.
Juan Torres Gluck, administrador auxiliar de tratamiento de ASSMCA, comentó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto recortó $30 millones a la agencia que dificultan ciertas operaciones. Además, que se han visto afectados por la congelación de plazas y nombramientos tardíos de personal. Añadió que la dependencia ordenó ciertos arreglos a ambos hospitales luego de que la Oficina del Gobernador aprobó un desembolso de $3,551,046 millones para junio del 2019.
Este dinero debía ser gastado antes de culminar el año fiscal, así que solo tuvieron un mes para adjudicar los contratos, realizar compras y reparaciones.
El representante Morales catalogó la situación como una violación de derechos civiles. “Mientras haya personas en el piso, sí [es una violación de derechos]”, sostuvo.
El presidente de la Comisión de Salud instó a ASSMCA continuar conversaciones con la Oficina de Administración de Tribunales para solucionar la situación de los traslados de personas bajo Regla 24-0 y 241. Asimismo, pidió premura a OGP para atender los problemas de la agencia.
