En medio de la inminencia del cierre de cerca de 12 vertederos en los próximos cuatro años, el representante Víctor Parés aseguró que, por el momento, no vislumbran imponer una tarifa por el recogido de basura en la isla para controlar la disposición de desperdicios sólidos.
Al menos así lo planteó ayer durante una vista pública en la Comisión de Desarrollo Económico Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que investiga el efecto que tendrá el cierre de estos rellenos sanitarios. De acuerdo con la exposición de motivos de la resolución 1339 de la autoría de Parés y el también representante novoprogresista José Aponte, de los 29 sistemas de relleno sanitario o vertederos que existen en Puerto Rico alrededor de 12 de estos podrían cesar sus operaciones debido a directrices de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la Junta de Calidad Ambiental.
“Ahora mismo no estaría en posición de cobrar porque no hay nada en el tapete, pero el [representante] de Guaynabo mencionó esa alternativa”, comentó Parés a preguntas de la prensa al culminar la vista pública. El legislador, sin embargo, apostó a crear campañas educativas dirigidas al reciclaje.
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Durante sus ponencias tanto Ramón Meléndez, representante del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez y Maribelle Marrero, vicepresidenta de asuntos gubernamentales en Consolidated Waste Services, avalaron que se implemente algún tipo de tarifa por el recogido de basura. Meléndez, por su parte, argumentó establecer una “tarifa uniforme razonable para el recogido y disposición de los desperdicios sólidos”. Mientras que Marrero sugirió que se debe considerar una tarifa que tome en cuenta la cantidad de desperdicios sólidos que la persona genere. “El problema es que el ciudadano si no lo fiscalizan tira todo mezclado y si no le cuesta nada, va a botar todo lo que tiene en el clóset”, sostuvo Marrero.
Al día de hoy, solo el municipio de San Germán tiene un sistema de cobro por recogido de basura.
Aponte, por su parte, fue más cuidadoso y señaló que los municipios deben decidir si desean imponer una tarifa al recogido de basura. “La imposición de un costo de recogido de desperdicios sólidos no tiene que ser necesariamente legislado a nivel estatal”, comentó el legislador durante la audiencia. Confesó además que muchos alcaldes evitan imponer estas tarifas debido al impacto político que pudiera generar.
El representante Pedro Santiago también descartó imponer una tarifa por el recogido de basura y opinó que la ciudadanía está dispuesta a reciclar. “Imponer sanciones o multas a los municipios para que los obliguemos a cobrar, la Asamblea no debe entrar en detalles”. A juicio del legislador, los municipios deben fortalecer sus programas de reciclaje y segregación de desperdicios sólidos para así aumentar la vida útil de los vertederos.
“Cuando la gente tiene que pagar lo hace correctamente y reduce la cantidad de cosas que bota”, sostuvo Marrero. Según la agrónoma, esto podría impulsar el reciclaje entre la ciudadanía. Pero advirtió que debe imponerse de acuerdo al volumen de desperdicios sólidos que las personas generen y no una tarifa uniforme.
Parés añadió que convocarán a una cumbre de alcaldes para discutir alternativas en torno al control de la disposición de desperdicios sólidos en la isla.
