Padres de estudiantes con impedimentos y entidades que dan servicios a esa población, se reunieron en el lado norte de El Capitolio para expresar su oposición al proyecto de la Cámara 1945 para crear una nueva ley de educación especial.
“Menos derechos, más burocracia y poder del gobierno contra los estudiantes de educación especial es lo que pretenden con este proyecto bajo el cuentito de querer aumentar el cumplimiento con los estudiantes de educación especial”, así lo denunció Linda Ramos, madre y portavoz del grupo.
Dijo que “el proyecto elimina servicios de intervención temprana para infantes desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, la transición de estos, al nivel preescolar, no se atempera con la transición requerida de los estudiantes a una vida pos-secundaria. Tampoco atiende la necesidad de defensa de derechos a la educación especial adecuada de los menores cuya patria potestad la tiene el estado, ni crea mecanismos para atender las necesidades de los estudiantes con impedimentos que están bajo la custodia de los abuelos, y otros igual de importantes”.
“La medida ha provocado nivel alto de hostilidad entre los padres y el sistema porque también trastoca lo que entienden es el mejor servicio que han recibido y reciben de padres que ejercen como sus intercesores para ayudarles a solicitar en reuniones escolares los servicios que sus hijos necesitan”, manifestó.
Con la medida se crea la figura de un defensor de menores y elimina a los intercesores, al que se le exigirá una reválida que le otorgará una junta nombrada por el gobierno y responsabilidades que sólo pueden ser exigidas a un abogado.
“Los padres entienden que detrás de ese artículo lo que se esconde es una campaña de miedo y de persecución contra nosotros, porque crea un delito menos grave con pena de cárcel de tres meses y/o tres mil dólares de multa para todo aquel, que sin ser validado por esa junta, utilice la palabra defensor en las reuniones en las escuelas”, planteó Ramos, quien es madre intercesora.
De otra parte, Carmen Warren, del Comité Timón de Padres de familias con personas con impedimento, catalogó como inaceptable trastocar las estipulaciones de la sentencia del caso Rosa Lydia Vélez, al aumentar a 30 días el plazo que tiene el DE para contestar las solicitudes de servicios que hacen los padres mediante el Remedio Provisional (RP). En la actualidad la sentencia les obliga a contestar en 20 días.
“Es absurdo que tengan que ahora que acudir a una mediación, de surgir una controversia por los servicios solicitados. Mediante el RP la agencia está obligada a pagar los especialistas privados que los padres identifiquen en el sector privado para proveerle servicios de terapias, evaluaciones, transportación, becas de transportación, asistentes, enfermeras, entre otros, que el DE les niega históricamente o les provee de forma inapropiada”.
Rosa Lydia Vélez, madre demandante del pleito de clase que lleva su nombre, se dirigió a los padres y les dijo: “Yo pase más de 38 años luchando para que mi hija y sus hijos recibieran los servicios de educación especial que necesitan y a los que tienen derecho. Me duele ver un abuso como el que se está cometiendo contra los padres y sus hijos con impedimentos. En una era de tanta información ¿qué necesidad hay de que los padres estén sufriendo también, este atropello de parte de la legislatura?”.
“Un día como hoy lo que se debe esforzar es obligar a que los funcionarios paguen consecuencias por el maltrato y los daños que le hacen a los estudiantes de educación especial hasta ir a la cárcel si fuera necesario y dejar ese invento de querer meter presos a los padres y son el mejor apoyo que tienen los padres en esta lucha. ¿Cuándo eso lo van a legislar? No quiero morirme sin ver realizado un sistema que respete los derechos por los que tanto he luchado y unos padres que por un lado estén militantes, aprendiendo, congregados, unidos junto a sus líderes que continúan esta lucha por mí”, sostuvo Vélez.
El proyecto en su versión anterior 1484, fue vetado a principio de este año por el entonces gobernador, Ricardo Rosselló.
Carmen Skerrett, madre intercesora de San Juan, denunció que la medida presenta un “raquitismo sobre los servicios de asistencia tecnológica afectando el que estudiantes reciban los equipos tecnológicos que necesitan para destrezas de vida diaria y educativos, como lo son sillas de ruedas, comunicadores para estudiantes que no hablan, computadoras, entre otros relacionados; fomenta la segregación de nuestros estudiantes creando dos sistemas paralelos de educación, politiza más el sistema cuando establece que el Secretario Asociado de Educación Especial será nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, y pretende hacer igual con los jueces administrativos de querellas”.
El controversial proyecto, que será llevado a votación en el hemiciclo cameral mañana lunes, a la 1:00 de la tarde, ha logrado consolidar una coalición de más de decenas de entidades e individuos entre los que se encuentran gremios magisteriales, abogados y clínicas de derecho.
La Coalición de oposición está compuesta por los padres y madres seguidores de los padres intercesores Linda Ramos, Carlos Molina, Carmen Skerrett, Glenda Méndez, Maritza Rivera, el María Miranda ex directora del Programa de Asistencia Tecnológica de la UPR, otros individuos y entidades públicas, tales como: Comité Timón de padres de familias de personas con impedimento la Alianza de Autismo de Puerto Rico, Apodérate, Movimiento por la Niñez la Educación Pública, Coalición Amplia de Diversidad Funcional Derecho a la Igualdad, Programa Oficial de Personas con Impedimentos. Pa’lante Sin Barreras 740 AM, VAMOS, Nuestra Escuela Caguas, Nuestra Escuela Loíza, Latino Justice PRLDEF, Clínica Legal de la UPR PRO BONO, Conny Varela, representante de Caguas por el PPD, National Federation of the Blind, Federación de Maestros de Puerto Rico, UNETE EDUCAMOS, S O S, Movimiento Victoria Ciudadana, Centro Teras, María Sepúlveda, Dra. Ángeles Acosta- psicóloga, Lcda. María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño , Gaviotas del Este, Sueños y Palabras, Frente Ciudadano por la auditoría de la Deuda, Movimiento amplio de Mujeres de Puerto Rico, Cooperativa Agroecológica Montessori, Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, Lcda. Michelle Silvestriz-abogada de educación especial, Lcda. Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores.
Para firmar la petición electrónica de oposición al proyecto visitar el siguiente enlace: https://chng.it/hsTdXLBbL8.
