Un total de 20 organizaciones reclamó hoy al Departamento de Vivienda local y federal y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que se establezca un proceso participativo en el proceso de reconstrucción de las comunidades que representan. A su vez, denunciaron que las agencias promuevan la relocalización y desplazamiento de los residentes en lugar de adoptar medidas de mitigación y reconstrucción.
“Los procesos de recuperación deberían incluir cada una de nuestras voces”, sostuvo Amárilis Pagán, directora ejecutiva del Proyecto Matria durante una conferencia de prensa en la comunidad Vietnam en Guaynabo. Agregó que el proceso de recuperación en las comunidades se ha trabajado por las propias comunidades con fondos de entidades privadas y sin la ayuda gubernamental.
Por su parte, Carlos Vázquez, de la organización P.E.C.E.S. —la cual atiende a la comunidad de Punta de Santiago en Humacao— señaló que las agencias deben asumir políticas de mitigación hacia las comunidades vulnerables. Agregó, incluso, que el programa de programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación de Viviendas (R3) no considera reparar viviendas en zonas como Punta Santiago por estar ubicadas en zonas inundables.
Asimismo, la abogada Ariadna Godreau —representante de Ayuda Legal— calificó dicho programa gubernamental como uno “muy oneroso” para los solicitantes ya que en ocasiones tienen que realizar dos declaraciones juradas y realizar varios trámites electrónicos. Aunque confesó que han logrado avances con el Departamento de Vivienda local para incluir a las personas que no tienen título de propiedad. “Seguimos pidiéndole al Departamento de la Vivienda que enmiende el plan de acción y que asuma una política de mitigación”, subrayó la abogada, quien opinó que los procesos de recuperación discriminan contra las personas de escasos recursos.
Mientras que Amaris Torres-Rivera —abogada y representante de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia— también mostró preocupación con el programa R3 ya que indicó que ha recibido llamadas de ciudadanos que les han denegado la ayuda al momento de llamar y no se les notifica el proceso para apelar la decisión de la agencia. Incluso, la abogado resaltó que la mayoría de las personas que solicitan servicios a la fundación y que aún están bajo toldos azules son personas mayores de 60 años. Recordó que FEMA denegó el 60% de un total de 1.3 millones de solicitudes para fondos de Asistencia Pública por cuestionamientos de titularidad y que ha provocado que miles de familias permanezcan bajo toldos azules.
En otras ocasiones, el secretario de la agencia, Fernando Gil, ha planteado que el programa de R3 dará prioridad a los cerca de 25,000 hogares que aún viven bajo toldos azules y que el proceso ofrece alternativas cuando las personas no tienen un título de propiedad.
Respaldadas por la organización Hispanic Federation, las organizaciones —las cuales también incluyó a entidades como La Maraña, Grupo de las Ocho Comunidades al Caño Martín Peña (G-8), Taller Salud y la Red de Fundaciones— rechazaron la imposición de un Monitor federal por parte del Departamento de Vivienda federal.
