El Frente Unido de Policías Organizados (FUPO) informó que analiza dos posibles escenarios para defender legalmente al piloto que fue suspendido de la unidad aérea por supuestos actos de insubordinación el pasado lunes, cuando la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, permanecía varada en el terminal de Vieques ante las protestas de los viequenses.
En primer lugar, según el presidente de la FUPO, Diego Figueroa, podrían presentar un recurso ante el tribunal con el propósito de que este ordene acelerar el trámite administrativo que se seguiría para determinar si el piloto José Almodóvar Estrada, con 28 años de experiencia, incurrió en actos de insubordinación al negarse a movilizar un helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) a Vieques para “rescatar” a Pérez y otros cinco funcionarios que se encerraron en el área de boletería del terminal de lanchas.
Según Figueroa, por falta de personal, el trámite ante la Comisión Apelativa de Servicio Público suele tardar hasta dos años por falta de personal.
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Por otra parte, dijo Figueroa, podrían acudir al foro federal para alegar persecución. “Se está instando a una persona a cometer un delito en violación a leyes federales y, como no lo quiso hacer, lo persiguieron y castigaron”, planteó el líder sindical.
Almodóvar Estrada fue removido de sus funciones como piloto y trasladado al distrito de Morovis, por lo que, según el presidente de la FUPO, se expone a pérdidas “considerables” en sus compensaciones al ser asignado a funciones de “policía ordinario”.
Figueroa también informó que podrían solicitar que al comisionado de la Policía, Henry Escalera, se le aplique el punto 197 de la reforma federal de la policía, que sanciona a quienes incurran en actos de represalias con consecuencias que pueden incluir el despido.
Contrario a lo que sostuvieron esta mañana Escalera y el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, Figueroa aseguró que las regulaciones de la Administración Federal de Aviación no contemplan el transporte de civiles “bajo ninguna circunstancia”.
“Es que hay una ley que obliga a que no se monten civiles ahí. Hay otros medios”, dijo Figueroa, en referencia a la manera de resolver situaciones que puedan catalogarse de emergencias.
Según el líder gremial, la orden que le dieron a Almodóvar Estrada tenía un elemento legal y otro ilegal.
“Llevar unidades de operaciones tácticas antimotines a Vieques es legal. La segunda, traer a (Pérez) a la isla (grande) es ilegal completamente. Cuando das una orden así la orden legal se convierte en ilegal” argumentó Figueroa, quien censuró el “invento” sobre el “secuestro” de funcionarios en el terminal viequense.
“La funcionaria pública estaba custodiada por policías, tenía el teléfono en su mano, podía ir adonde quisiera”, señaló Figueroa.
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