SAN DIEGO (AP) — Cuando el presidente Donald Trump redujo drásticamente el número de refugiados a los que se les permitiría el acceso a Estados Unidos, también les dio la autoridad a los gobiernos estatales y locales para negarse a aceptarlos por primera vez en la historia del país.
La medida de la semana pasada podría socavar aún más un programa que ha registrado un descenso del 80% en el número de refugiados a los que se les permite el acceso durante el mandato de Trump, quien ha presionado para limitar la inmigración, tanto legal como ilegal.
Si los gobernadores o los legisladores quieren cerrar la puerta, ello podría perjudicar a localidades con poblaciones de edad avanzada que han llegado a depender de los refugiados jóvenes para revitalizar sus economías.
Mientras que algunos estados conservadores como Texas y Tennessee han presentado demandas para suspender el reasentamiento de refugiados o exigir una compensación económica por los costos, los alcaldes de ciudades más liberales como Austin, Dallas, San Antonio y Nashville han acogido públicamente a más personas que huyen del peligro en sus países de origen.
El decreto de Trump nuevamente involucra a las ciudades y estados en sus políticas migratorias, voluntariamente o no, como cuando tuvieron que decidir si colaborarían o no con las autoridades federales migratorias o se convertirían en “santuarios” que limitaran su cooperación con las fuerzas federales.
El cambio fue anunciado al mismo tiempo que Trump ordenó reducir a 18.000 el número de refugiados para el próximo año, el nivel más bajo desde que el Congreso aprobó la Ley de Refugiados de 1980.
En la orden de Trump se afirma que el gobierno federal y las autoridades locales no se estaban coordinando de manera adecuada, y que el gobierno estaba respetando a las comunidades que no pueden recibir refugiados. Éstos tienen el derecho de establecerse en cualquier parte de Estados Unidos una vez que completan su reasentamiento.
Pero la nueva autoridad con la que cuentan los gobiernos locales y estatales podría generar caos, disputas y demoras, socavando aún más el programa federal de reasentamiento. Dicho programa ha tenido apoyo bipartidista desde hace tiempo y se le consideraba un modelo para la protección de las personas más vulnerables del mundo debido a la estrecha coordinación con las comunidades que acogían a refugiados, aseguran activistas.
“De hecho, esta orden es una prohibición al ingreso de refugiados al criterio de cada estado y cada ciudad, y es antiestadounidense y está mal”, dijo Mark Hetfield, presidente de HIAS, una organización judía sin fines de lucro con sede en Maryland que ayuda a refugiados de todo el mundo a encontrar la seguridad y la libertad. “¿Este es el Estados Unidos en el que queremos vivir? ¿En el que los gobiernos locales puedan colocar letreros de ‘No se admiten refugiados’ y el gobierno federal respalde eso?”
El alcalde de Fargo, el demócrata Tim Mahoney, dijo que espera que el gobierno republicano de Dakota del Norte mantenga la puerta abierta. Indicó que su ciudad cuenta con 500 vacantes de empleo y necesita de los refugiados para impulsar la economía, al igual que Dakota del Norte, donde existen 30.000 vacantes laborales.
