Tras la aprobación de un estudio que evaluará la viabilidad de la energía nuclear en la isla, el Departamento de Energía federal indicó que aprobó los fondos a esos fines por el interés que mostraron legisladores boricuas en este tipo de energía.
Ese interés está expresamente vertido en la Resolución de la Cámara 1189 que presentó el representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló, en que solicitó estudiar la “necesidad y conveniencia” de la energía nuclear en el país. El lunes, la agencia federal autorizó $820,000 para que la entidad sin fines de lucro The Nuclear Alternative Project inicie el estudio inmediatamente.
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“El estudio analizará el potencial mercado y las aplicaciones para un sistema avanzado de reactores nucleares, incluidos los reactores modulares pequeños y microreactores. Este estudio informará a los programas de investigación y desarrollo del Departamento para avanzar nuestras metas de energía limpia y asequible”, sostuvo un portavoz de la agencia federal mediante declaraciones escritas a Metro.
Por su parte, Rodríguez Aguiló aplaudió la determinación de la agencia federal e indicó que, pese a la desconfianza de algunos sectores, “no se puede descartar de primer plano”. “Una vez termine el estudio, estaremos en mejor posición de ver la viabilidad de ver si es real”, agregó.
Mientras tanto, el senador novoprogresista Larry Seilhamer, rechazó que el país se estuviera moviendo a la energía nuclear. Incluso, mencionó que la Ley 17 de 2019 de Política Pública Energética prohíbe el uso de este tipo de energía.
“Ninguna de ellas [las definiciones de energía renovable y energía renovable alterna] se contempla ni hay lugar para interpretar que la energía nuclear puede ser fuente de energía en Puerto Rico”, declaró ayer el legislador en el hemiciclo. Rodríguez Aguiló, por su parte, sugirió que no debe estar “escrito en piedra” y que se podría enmendar.
El senador añadió que la Comisión especial de Energía que preside está considerando el Proyecto del Senado 1145, que busca prohibir la energía nuclear en Puerto Rico, de la autoría del senador independentista Juan Dalmau.
