El gobierno de Nicaragua declaró que no devolverá a sus dueños el canal de televisión 100% Noticias, cuyo edificio fue allanado y permanece clausurado y bajo ocupación policial desde el 21 de diciembre pasado.
La declaración, cuya copia obtuvo The Associated Press, consta en un informe enviado por el gobierno de Daniel Ortega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El documento de 24 páginas y fechado el 20 de septiembre justificó la ocupación policial de las instalaciones de la televisora privada, en respuesta a una solicitud de la CIDH para que el medio de comunicación sea devuelto a sus propietarios.
“Al respecto el Estado de Nicaragua reafirma que la ocupación de las instalaciones al canal 100% Noticias fue realizada en el marco de una investigación penal y de conformidad con el ordenamiento jurídico”, subrayó el texto.
También defendió el arresto durante seis meses del director del canal, Miguel Mora, y de su jefa de prensa, Lucía Pineda, señalando que no fueron encarcelados por ejercer el periodismo sino por “involucrarse directamente en el fallido intento de golpe de Estado”, como el gobierno designa a las protestas sociales que estallaron en 2018.
Mora y Pineda “deliberadamente utilizaron este medio de comunicación para transmitir programas de opinión política social completamente sesgada, instigando, promoviendo odio y violencia”, de acuerdo con el texto oficial.
“Sus mensajes instigaron a grupos vandálicos y terroristas a cometer actos contra el orden constitucional y orden público”, agregó.
Los periodistas aludidos y activistas de derechos humanos rechazaron los argumentos del gobierno, por considerar que “avalan un acto confiscatorio, prohibido por las leyes de Nicaragua”.
“Ortega nos robó y cometió un acto ilegal. Nuestra detención violó el derecho a la libre expresión e información en el país. Seguiremos denunciando y exigiendo que nos devuelvan lo robado”, dijo Pineda a la AP desde Costa Rica, donde radica temporalmente.
Según Vilma Núñez, presidenta del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el gobierno “envió un documento mentiroso a la CIDH”. Ese texto, aseveró, “avala la confiscación de propiedades, que están prohibidas expresamente en el artículo 44 de la Constitución Política”.
Además de ocupar y clausurar el canal 100% Noticias, el gobierno allanó la redacción del semanario Confidencial y de los programas de televisiónEsta Noche y Esta Semana, que permanecen ocupados por la Policía. Los tres medios pertenecen al periodista Carlos Fernando Chamorro, exiliado desde enero en Costa Rica.
Al respecto, el informe enviado a la CIDH negó que exista “retardación de justicia” para resolver dos recursos de amparo judicial presentados por Chamorro para recuperar sus medios y detalló que el caso sigue en trámite.
El documento también rechazó que unos 70 periodistas se hayan exiliado por amenazas del gobierno y aseguró que “el Estado de Nicaragua no tiene ningún tipo de persecución contra de los ciudadanos que han salido del país”.
En abril de 2018 estallaron protestas estudiantiles en Nicaragua contra una reforma al Seguro Social, que se extendieron por el país durante cinco meses. Según la CIDH, 328 personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas por las fuerzas gubernamentales que sofocaron la revuelta.
