El secretario de Educación, Eligio Hernández, reveló ayer que la agencia que dirige está imposibilitada de acceder a más de $1,500 millones en fondos federales hasta tanto se designe un síndico que tendría supervisión directa sobre el manejo de ese dinero.
“El Departamento de Educación tiene varios presupuestos. Uno de ellos es el estatal, y el otro, el federal. En estos momentos, hasta tanto no esté el síndico funcionando, nosotros no tenemos acceso a los fondos federales. Por lo tanto, tiene que haber una inversión adicional de fondos estatales para cubrir lo que nosotros podríamos estar cubriendo con fondos federales. El ejercicio presupuestario de este año es único, es irrepetible. Es la primera vez que ocurre, y a esos fines habíamos defendido un presupuesto de mayor cuantía, que de haber sido aprobado, nos permitiría tener ese plan de contingencia”, sostuvo Hernández a su salida de un encuentro con la gobernadora Wanda Vázquez en La Fortaleza.
El funcionario especificó que, para el año fiscal 2020, los fondos federales asignados ascienden a $1,535 millones. El Departamento de Educación ha solicitado a su contraparte federal que se designe a la Junta de Control Fiscal (JCF) como síndico.
“Estamos en conversaciones con ellos (Educación federal). En unos minutos voy a tener una llamada de conferencia. Ellos me han indicado que están en la mejor intención de colaborar con el sistema educativo de Puerto Rico a los fines de que los servicios directos a los estudiantes no se afecten”, agregó Hernández.
En este momento, la agencia se encuentra en un proceso separado de solicitar a la JCF la aprobación de una reasignación de fondos estatales que le permitiría garantizar los servicios a los estudiantes de Educación Especial.
Hernández, quien catalogó el estatus de la agencia con Educación federal como una “condición especial”, rechazó especificar si las imposición de un síndico está relacionada con el escándalo de corrupción por el que fue acusada la exsecretaria Julia Keleher. Sí mencionó que el Departamento de Educación no es considerado una agencia de “alto riesgo” para propósitos de los fondos federales, pues “la cantidad de hallazgos (de irregularidades) es mínima”.
De acuerdo con Hernández, hasta el momento se ha identificado una serie de partidas que podrían ser reasignadas para inyectar hasta $53 millones al Programa de Educación Especial. Según explicó, $33 millones provendrían de un reembolso que haría el Gobierno federal por gastos en que el Departamento de Educación incurrió como parte de la emergencia por el huracán María.
Con ese dinero que se utilizaría para atender a los estudiantes con necesidades especiales, Hernández aseguró que se garantizarían los servicios hasta enero.
“Tenemos un tiempo prudente. Recuerden que no estamos haciendo una petición adicional de dinero. Tenemos varias rutas, varias alternativas y planes que se van implementando simultáneamente”, señaló el secretario, quien, sin embargo, lamentó que la JCF no hubiera autorizado el uso de fondos remanentes de años fiscales anteriores para atender la matrícula de educación especial.
Entrada la tarde, tras su reunión con técnicos de la JCF, Hernández sostuvo que se habló sobre el agente fiduciario y se hizo la misma presentación que se efectuó al Departamento de Educación federal. Sin embargo, explicó: “No planteamos a los técnicos este tipo de acercamiento, ya que la toma de decisiones no es de la Junta de Supervisión Fiscal, sino del Departamento de Educación federal”. La agencia está en espera de una respuesta por parte de los federales en ese sentido.
Mientras tanto, el proceso delineado junto a Educación federal sobre la contratación de un agente fiduciario se mantiene vigente hasta tanto reciban una respuesta que cambie el acuerdo.
Por su parte, la JCF informó que “durante la reunión con el Departamento de Educación se discutieron varios aspectos referentes a los nuevos requerimientos impuestos por Educación federal (como el agente fiduciario, por ejemplo) para el uso de fondos federales”.
Lyanne Meléndez García colaboró en esta historia
