Gabriel Casals, uno de los portavoces del Centro de Comunicación Estudiantil (CCE) exigió el viernes la desestimación de los cargos que pesan contra líderes del movimiento estudiantil de la Universidad de Puerto Rico (UPR) acusados de interrumpir una reunión de la Junta de Gobierno del centro docente, mientras repudiaron la alegada intervención del gobierno en cuentas de redes sociales de medios periodísticos y organizaciones estudiantiles.
“Exigimos la desestimación inmediata de todos los cargos contra los militantes del movimiento estudiantil pues no toleraremos vivir en un país donde se nos persiga por luchar por una universidad, un país y un mundo justo. Haremos todo lo necesario para ponerle fin a la persecución política y a la clase política corrupta que la ordena”, dijo Casals en una comunicación escrita.
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Asimismo, alegó que el 5 de mayo de 2017, la Unidad de Investigaciones de Crímenes Cibernéticos (UICC) del Departamento de Justicia (DJ) allanó las cuentas de Facebook de los medios periodísticos Pulso Estudiantil y Diálogo UPR y la cuenta del brazo comunicativo del Movimiento Estudiantil de la UPR-RP, el CCE.
“Nuestro equipo de trabajo jamás fue notificado al respecto. Supimos del allanamiento hace dos años debido al proceso judicial que se inició en contra de siete estudiantes acusados de interrumpir una reunión en la presidencia en contra de nefastos recortes millonarios a la UPR”, alegó Casals.
Denunció que el allanamiento por parte del DJ, cuya secretaria era la ahora gobernadora, Wanda Vázquez Garced, implica una violación crasa a los derechos civiles y humanos de los miembros de CCE y de simpatizantes del movimiento estudiantil.
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“Dentro del material recopilado por Justicia, hay un expediente de más de 1,500 páginas que contiene información personal de nuestro equipo de trabajo, el cual tenía acceso a las cuentas de Facebook. Se nos allanaron nuestras identidades, localizaciones cada vez que se hacía una publicación, conversaciones íntimas con otros e incluso información bancaria y números de teléfono. Parte de los documentos presentados por la Fiscalía en el caso contra los siete estudiantes incluyen una lista de cientos de perfiles de seguidores del CCE que interactuaban con nuestras publicaciones”, dijo el líder estudiantil.
Entretanto, sostuvo que esta situación evidencia que el estado identificó parte del liderato estudiantil para supuestamente fabricarle casos, imponerle cargos y detener su militancia.
“Repudiamos la creciente persecución política a la que hemos sido sujetos bajo la administración del Partido Nuevo Progresista en el contexto de la Junta de Control Fiscal. Tanto el Departamento de Justicia y la entonces secretaria, Wanda Vázquez, continúan persiguiendo y fabricando casos contra manifestantes, por ejemplo, de las protestas del Verano 2019. Repudiamos a la administración de la UPR por haber sido cómplice del aparato carpetero y represivo del Estado al facilitar el proceso de fichaje contra estudiantes manifestantes”, finalizó Casals.
