Las comisiones de Salud y de Gobierno, que presiden respectivamente los representantes Juan Oscar Morales Rodríguez y Jorge Navarro Suárez iniciaron el análisis del Proyecto del Senado 1317, que busca atemperar y reforzar las disposiciones de la “Ley para Manejar el Estudio Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (Ley MEDICINAL)”.
Según se informó en declaraciones escritas, las enmiendas que presenta la pieza legislativa son: fijar parámetros claros en relación médico-paciente bona fide; modificar los cursos de educación continua y los adiestramientos; y la paralización de expedición de nuevas licencias de dispensarios, cultivos y/o manufactura hasta que se realice un estudio de mercado.
Además, se eliminaría la licencia de médicos autorizados; y fijaría que los miembros de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal no puedan tener intereses económicos o personales en la industria del cannabis medicinal que causen algún conflicto de interés en la toma de decisiones de dicho Cuerpo.
Denise Maldonado Rosa, directora ejecutiva del Programa del Cannabis Medicinal, en representación del Departamento de Salud (DS), apoyó la medida y no mostró reparos en cuanto a la evaluación inicial si se hace cónsono a lo dispuesto con la “Ley para el uso de la Telemedicina en Puerto Rico”.
“De esta manera tiene la ventaja que provee acceso para aquellos que no puedan trasladarse al consultorio médico, puedan obtener la recomendación médica necesaria para la certificación como paciente o para la renovación de la misma”, añadió la directora ejecutiva del Programa.
Al mismo tiempo, dijo que bajo el Reglamento 9038 se atiende el requisito de los seis créditos anuales de educación continua.
Asimismo, la funcionaria aseveró que el presupuesto de la Junta Reglamentadora, de 1.8 millones de dólares, está comprometido, por lo que solicitó a que se identifiquen los fondos para el estudio de mercado.
“Conocemos la importancia del estudio que esta Asamblea Legislativa quiere efectuar, hacemos mención que el presupuesto de la Junta está comprometido en su totalidad para los menesteres administrativos de la Junta”, expuso Maldonado Rosa.
Mientras, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos Otero, objetó la legislación por establecerle a la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) la facultad de evaluar y acreditar la educación continua de los médicos en asuntos de cannabis medicinal.
“Es innecesaria esa delegación a la Escuela de Farmacia cuando ya existen dos entidades con los recursos, la autoridad legal, y la experiencia para evaluar y reglamentar la educación continua para los médicos”, señaló Ramos Otero al mencionar que la Junta de Licenciamiento y Disciplina y la Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME, por sus siglas en inglés) son las autoridades en ley que reglamentan el ejercicio de la medicina.
De manera similar, el presidente de CannaWork Institute, Milton Burgos Bula, presentó su postura sobre las enmiendas relacionados a los requisitos educativos. El ejecutivo especificó que según redactado el proyecto de ley, se exigiría que tanto los cursos requeridos para ostentar cualquiera de las licencias como los cursos de educación continua que se ofrezcan para todo miembro de la industria que ostente una licencia o aquellos ofrecidos para los miembros de la Junta y del Cuerpo Asesor, estén aprobados por el DS y el Recinto de Ciencias Médicas.
Por último, acudió la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, Giselle Rivera, quien reiteró a la Comisión el interés de anteponer investigaciones clínicas en el uso del cannabis y sus componentes.
En el turno de preguntas, el representante Morales Rodríguez mostró preocupación sobre los diferentes métodos de mercadeo que se están utilizando en los dispensarios autorizados. Además, indagó respecto a la relación médico-paciente, el método de la telemedicina, y los diferentes cursos para obtener la licencia y sus requisitos anuales, a lo que los tres panelistas favorecieron.
Mientras, el representante Navarro Suárez, aludió a la investigación que realiza en la Comisión de Gobierno sobre el cumplimiento de la ley que regula el cannabis medicinal, por lo que adelantó que someterán enmienda a dicha ley.
Antes de finalizar la audiencia pública, el portavoz de la mayoría parlamentaria de la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, indicó que “si queremos hacer un producto que tiene sus cualidades para atender las necesidades de unos pacientes particulares y llamarle medicinal, vamos a tratarlo como tal”. Esto, al exponer la poca regulación a la hora de consumir el uso del cannabis medicinal.
