La reciente ola de asesinatos en Puerto Rico, puntualizada por la aterradora balacera del pasado lunes en el residencial Ernesto Ramos Antonini, que cobró la vida de seis personas, sirvió como recordatorio de las circunstancias que han hecho de la isla una de las jurisdicciones más violentas del planeta.
A la ausencia de una política pública que haya sido efectiva en atacar las raíces de la criminalidad, hay que sumarle que las cifras oficiales apuntan a una poca eficiencia de las autoridades en la investigación y procesamiento de los incidentes que, anualmente, le cuestan la vida a cientos de puertorriqueños.
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Dicho de otro modo, las estadísticas del gobierno indican que las probabilidades de que la Policía y el Departamento de Justicia fracasen en identificar y procesar judicialmente a los autores de la masacre superan las posibilidades de que el caso llegue hasta sus últimas consecuencias.
De acuerdo con datos suministrados por la Uniformada, hasta el 30 de septiembre habían logrado esclarecer un 31% de los asesinatos hasta esa fecha. Según el mapa de crímenes del portal de la Policía de Puerto Rico, hasta el 16 de septiembre en Puerto Rico se habían registrado 430 asesinatos.
La cifra de 31% no solo significa que las autoridades aún no han identificado a los autores de siete de cada diez asesinatos ocurridos este año, sino que representa un descenso respecto al 38% que mantenían hasta la misma fecha en 2018.
En un país donde, expertos coinciden, se ha mantenido un enfoque de “mano dura” para lidiar con la criminalidad, las garras del Estado tampoco parecen haber sido suficientes para encaminar los procesos judiciales en aquellos casos en los que se consigue la evidencia necesaria para presentar cargos por asesinato ante un tribunal.
Por ejemplo, según la Oficina de Administración de los Tribunales, en al año fiscal 2018, de 436 casos de asesinato y homicidio pendientes, solo unos 139 resultaron en condenas. De esos 436 casos, 216 eran procesos que se venían arrastrando de años previos.
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A la culminación de ese año fiscal, el 30 de junio de 2018, el total de casos pendientes había aumentado a 260.
Aunque al cierre de esta edición OAT no había suministrado los datos correspondientes a los años fiscales 2019 y 2020, de acuerdo con el Departamento de Justicia, en los primeros nueve meses de este año se habían presentado 343 cargos de asesinato a 279 imputados.
El secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, indicó que, pese a las dificultades, se sentía “orgulloso” del trabajo que ha realizado la Uniformada con recursos limitados.
“Esto tiene que ver no solo con la Policía, tiene que ver con la fiscalía estatal y federal. También con (Ciencias) Forenses, análisis de balística, de toxicología. Todo es un sistema, y por eso es que tenemos iniciativas de esclarecimiento de casos y estamos tratando de acelerar estos procesos”, dijo Román.
Para el sociólogo César Rey, sin embargo, poco cambiará mientras no se implemente un cambio de paradigma en el acercamiento a la criminalidad.
“No hay una solución inmediata. Esto va a tomar tiempo. Tiene que trabajarse con educación y otros aspectos. La Policía no puede resolverlo solo (porque) esto no es un problema de seguridad, como alguien podría pensar”, subrayó el exsecretario de Educación.
Sadot Santana colaboró en esta Historia
