El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, no quiso precisar si la institución llegó a recibir alguna notificación sobre la orden de allanamiento que obtuvo el Departamento de Justicia en mayo de 2017 para acceder información de las plataformas en redes sociales de Diálogo, el medio oficial universitario.
“Nosotros estamos mirando eso desde el punto de vista legal. Yo estoy esperando por un informe de la oficina de asuntos legales, antes de poder decirles responsablemente la situación que tenemos. Tenemos varias versiones y tenemos que mirar responsablemente cuál es la oficial”, insistió Haddock, durante una improvisada conferencia de prensa en La Fortaleza, donde sostendría una reunión con la subsecretaria de la Gobernación, Lilliam Sánchez.
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“Tienes que recordar que esto fue antes que yo llegara. Lo que sí tengo entendido es si hubo la orden (de registro) pero si hubo la notificación o no, yo no estaba aquí, no tengo los detalles oficiales. Responsablemente tengo que esperar ese informe de asuntos legales”, agregó el presidente universitario, que asumió el cargo en septiembre de 2018.
Como parte de la orden de registro contra las publicaciones en Facebook de Diálogo, el Departamento de Justicia también consiguió acceder a los portales en esa plataforma de los medios Pulso Estudiantil y Centro de Comunicación Estudiantil.
Según la orden, que fue divulgada la semana pasada, Justicia pudo obtener información privada de los administradores de los tres medios universitarios, así como conversaciones y comentarios de otros usuarios que seguían estas páginas.
La orden del tribunal fue emitida a raíz de la investigación que el Departamento de Justicia llevaba a cabo contra un grupo de estudiantes que el 27 de abril de 2017 irrumpió en una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR en la que se discutían los recortes al presupuesto universitario y el consiguiente aumento a los costos de matrícula. Diálogo y los dos medios estudiantiles transmitieron el suceso a través de Facebook Live.
Al momento, siete estudiantes enfrentan cargos criminales con relación a los hechos, ocurridos en las oficinas de Administración Central de la institución mientras prevalecía una huelga estudiantil en varias unidades de la UPR.
