La Junta de Control Fiscal (JCF) anticipó que los fondos federales para Puerto Rico podrían ser menores a los proyectados en el plan fiscal, esto debido a múltiples factores, entre ellos la vigilancia que ha mantenido el Gobierno federal sobre la isla y el cambio abrupto de funcionarios de gobierno.
“El plan fiscal asume un total de $83,000 millones en fondos de ayuda por desastre, incluidos $69,000 millones de FEMA y CDBG-DR”, detalla la JCF en un informe titulado “Riesgos del plan fiscal del Estado Libre Asociado”, sometido a la Junta Reglamentadora de Mercados Municipales (MSRB, por sus siglas en inglés), como parte del proceso de mediación de casos de Título III.
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A pesar de esas proyecciones iniciales, se espera que lleguen, entre fondos de FEMA y CDBG_DR, solo $39,000 millones, o un 50 % menos.
La Junta detalló factores como el cambio de gobierno en julio con la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación, y de otros funcionarios, así como el escrutinio del Gobierno federal, secuela de los huracanes Irma y María, como algunos de los que podrían afectar la implementación del plan fiscal certificado.
Además, mencionan que “incertidumbres legales en curso”, como el litigio con municipios sobre los recaudos del CRIM y los subsidios podrían afectar también los ingresos del país.
“El plan fiscal no se ha implementado. Su implementación ha enfrentado varios desafíos, como se discute en este documento”, manifiesta la Junta en el informe.
Dudan de impacto económico de los fondos federales
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“Ya estamos viendo demoras en el financiamiento de ayuda por desastres y tenemos razones para cuestionar la duración del ‘impulso’ que estos fondos están trayendo a la economía”, manifestó la Junta en el informe.
Mientras, explicaron que el plan fiscal asume que los fondos de ayuda tienen un efecto por más de 5 años. “Los estudios económicos encuentran que el efecto de un shock fiscal generalmente desaparece en 5 años, incluso si las medidas fiscales son permanentes”, precisaron.
La Junta dice que las proyecciones podrían ser de 5 a 3 años para el impacto de los fondos de ayuda, y de 5 a 20 años para el impacto de las medidas fiscales.
La JCF menciona una posible nueva reducción en la población debido a factores como la llegada de más tormentas y más cambios en el Gobierno.
También se recalca la importancia de que el Gobierno implemente reformas estructurales, como la reforma energética, la reforma de educación, y el requisito de trabajo para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
