SANTIAGO DE CHILE – Un día después de anunciar medidas para mitigar la crisis social más grave en 30 años de democracia, el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera no lograba contener el miércoles el descontento masivo.
Decenas de miles de manifestantes, alzando banderas chilenas y al grito de “¡Chile despertó!”, se congregaron en una plaza del centro tras choques con la policía.
El estallido social en las calles, alimentado inicialmente por una suba en las tarifas del metro y que se extendió a viejas demandas por mejores condiciones de vida y en contra de la desigualdad, ha causado la muerte de al menos 18 personas, según el más reciente balance divulgado por el gobierno, mientras surgen señalamientos de presuntos abusos de derechos humanos cometidos por agentes del Estado.
La víspera, Piñera anunció una serie de medidas con leves mejoras a las pensiones e ingresos de los más pobres en un esfuerzo por frenar la crisis. Sin embargo, el miércoles se reanudaron las multitudinarias movilizaciones en el centro de la capital y otras regiones en medio de una huelga general convocada por la principal central de trabajadores.
Las protestas, que llevan seis días, degeneraron en violencia, destrucción de estaciones del metro, incendios en edificios y saqueos en la capital y otras regiones del país.
A pesar de que Piñera pidió disculpas el martes por la noche al admitir su “falta de visión” sobre la inequidad social, el descontento no amainó.
Analistas consideran que difícilmente el gobernante, de 69 años y en su segundo mandato logre calmar al país con sus anuncios.
A medida que fue avanzando la mañana miles de personas se movilizaron en el centro y otras regiones. Pero el caos volvió a la capital cuando la policía lanzó agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que se acercaban a las inmediaciones del Palacio De La Moneda, la sede de la presidencia. Los manifestantes repelieron la acción lanzando piedras y otros objetos a los agentes.
“¡Piñera, renuncia!”, gritó un manifestante con el rostro cubierto con un pañuelo.
Considerado uno de los países más ricos y estables económicamente de América Latina, Chile es ahora una postal de una nación sitiada. La declaración de toque de queda para la capital y otras regiones se mantiene vigente.
Para frenar la oleada de violencia en el país, de 18 millones de habitantes, Piñera se reunió la víspera con tres líderes de la oposición y horas después anunció una agenda social que, según su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tendrá un costo de 1.200 millones de dólares.
Entre los anuncios hay un aumento inmediato en las pensiones mínimas de 590.000 personas, de 151 a 181 dólares mensuales, un incremento en los salarios mínimos de 413 a 481 dólares, la anulación de un reajuste del 9% en las tarifas de la electricidad, alzas de un 5% en los impuestos de quienes ganan más de 11.000 dólares mensuales y la extensión a todo el país de rebajas en medicamentos, que se encuentran entre los más caros de la región.
La oposición valoró las medidas pero demandó ajustes estructurales en un país en el que la mayoría gana entre 400.000 a 500.000 pesos (entre 562 y 762 dólares) y en el sistema de transporte público cuyas tarifas suben con la devaluación del peso y el incremento del precio internacional del petróleo.
Al hacer el más reciente balance de los disturbios, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo más temprano que el número de fallecidos aumentó de 15 a 18, incluido un adulto mayor y un niño de cuatro años que fueron arrollados por un conductor ebrio mientras participaban en un cacerolazo en el sur de la capital.
Afirmó que “se nota nuevamente una disminución” de los hechos graves de violencia que bajaron de 255 el lunes a 169 en las últimas 24 horas.
Agregó que hubo 102 civiles heridos y 95 lesionados entre los 20.000 militares y policías que patrullan las calles.
Sergio Micco, director del Instituto de Derechos Humanos, denunció múltiples casos de abuso de la fuerza por parte de la policía y los militares. Refirió que recibió a un joven que afirma que fue torturado por policías en una comisaría ubicada en una de las estaciones del subterráneo.
Señaló que las denuncias refieren supuestos desnudamientos, golpes y maltratos físicos y verbales.
“Los hechos hablan por sí mismos”, comentó Micco, quien se reunió el miércoles con Piñera. Agregó que han recibido denuncias de cinco muertes a manos de agentes del Estado.
Ubilla sostuvo, por su parte, que el gobierno recibió una denuncia por la muerte de un joven manifestante por presuntos golpes de la policía y que investiga el hecho.
Además del subterráneo, que en Santiago moviliza a 2,4 millones de personas a diario y que resultó destruido en la mayoría de sus estaciones, los supermercados han sido el centro de los saqueos en todo el país, lo que llevó a centenares a hacer largas filas antes los locales abiertos para abastecerse ante la posible continuidad de las protestas.
La académica Jennifer Pribble, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Richmond en Estados Unidos, dijo que el tono más conciliador de Piñera es un paso en la dirección correcta, pero consideró que “es poco probable que la propuesta por sí sola sea suficiente”.
“El presidente debe señalar que abrirá un diálogo amplio y reunirá a una variedad de actores sociales y partidos políticos para negociar un nuevo pacto social”, indicó a The Associated Press.
Leonardo Moreno, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, dijo que en Chile el 10% de la población gana un 7,8% más que el 90% restante.
