El Tribunal Federal en Puerto Rico denegó la petición del sector gallístico para declarar inconstitucional la sección 12616 del Agricultural Improvement Act of 2018 que prohibe las peleas de gallos en la isla.
El juez Gustavo Gelpí indicó en su decisión que el Congreso de los Estados Unidos tiene la potestad de establecer leyes que afectan directamente a los ciudadanos del territorio boricua. Dijo también que la Legislatura federal podría tratar diferente a los ciudadanos de la isla si así lo dispone.
“El Congreso ha establecido miles de leyes federales que aplican aquí. Además, el Congreso tiene la autoridad de establecer leyes que aplican a los ciudadanos del territorio de Puerto Rico como si fueran ciudadanos de los estados. No obstante, por legislación, el Congreso puede tratar diferente a los ciudadanos del territorio, como por ejemplo, aquellos que limitan los beneficios de Seguro Social, Medicare y los beneficios a los veteranos”, cita la decisión del abogado.
“Ni el estatus político del Estado Libre Asociado, ni la cláusula territorial, impide al gobierno de los Estados Unidos aprobar leyes que apliquen a todos los ciudadanos de la nación por igual, sean un territorio o un estado”, agregó el juez.
Gelpí afirmó que la cláusula territorial le ofrece al Congreso autoridad para “crear cualquier reglamento y regulaciones respecto al territorio o cualquier otra propiedad que pertenece a los Estados Unidos”.
