A pesar de que endosó el proyecto que establecería una nueva ley de Educación Especial, el Departamento de Educación presentó una serie de recomendaciones que se alinean con las preocupaciones de múltiples organizaciones que se oponen a la medida.
En vista pública de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado, el secretario de Educación, Eligio Hernández, se expresó en contra de las disposiciones del Proyecto de la Cámara (PC) 1945, que crearía una secretaría asociada de Educación Especial que, esencialmente, quedaría fuera de la jurisdicción del Departamento de Educación. Según la medida, sería el gobernador quien nombraría directamente al secretario asociado, con el consentimiento del Senado.
Esto podría “crear un potencial choque de política pública”, de acuerdo con la ponencia presentada por Hernández. “Por ende, entendemos que no es favorable la propuesta de separar el Programa de Educación Especial del Departamento”, agregó.
Asimismo, el secretario tampoco favoreció la idea de que los jueces administrativos, que actualmente se desempeñan como contratistas del Departamento de Educación, sean nombrados por el gobernador. Hernández resaltó que en el año escolar 2017-2018 los jueces administrativos resolvieron en los plazos definidos por ley federal el 100 % de las querellas presentadas.
El funcionario recordó que la compensación a los jueces administrativos se sufraga con fondos federales, por lo que alteraciones al mecanismo de nombramiento pondrían en riesgo estas asignaciones.
En tanto, Hernández se opuso a que se elimine la figura de los intercesores que asisten a padres y madres en sus reclamos administrativos contra la agencia, aunque planteó que debe crearse un registro de personas autorizadas a realizar esta labor y que les aplique un código de ética.
