Si bien las grabaciones por sí solas no son suficientes para probar la comisión de un delito, las expresiones adjudicadas al exsecretario de la Gobernación Ricardo Llerandi y al cabildero Elías Sánchez deberían servir de punto de partida para que las autoridades abran un proceso de investigación contra dos de las figuras más cercanas al exgobernador Ricardo Rosselló.
“A mi entender es la evidencia más contundente de que los funcionarios de la alta jerarquía del Gobierno de esta administración han defraudado el concepto propio de la ley de servicio público, donde se establece fehacientemente el principio de mérito”, dijo el abogado Arturo Hernández.
En la grabación, revelada ayer por la emisora Notiuno, se escucha a Llerandi aludir a un “evento” que “realmente va a marcar el paso de lo que es la campaña a la reelección de nuestro gobernador. Así que les voy a solicitar a los coordinadores y también a los jefes de todo el roster de personal de la agencia, penepés, nombre y número de teléfono. Todo el roster de personal, esté en confianza o no. De hecho, a los de confianza les ponen una marquita o algo. ¿Estamos claros?”.
El exfuncionario, quien la pasada semana renunció al puesto que le quedaba en el Gobierno como director de la Compañía de Comercio y Exportación, exhortó luego a la audiencia a “tomar acciones contundentes” contra quienes faltaran a la actividad política.
Más adelante en la grabación, Llerandi le pide a Sánchez, “que definitivamente vende mejor que yo”, expresarse ante el público.
El exrepresentante de Rosselló ante la Junta de Control Fiscal (JCF) entonces manifestó: “Hay veces que cuando hablamos del tema de política (…) ‘Ah, política’, como si hubiesen descendido del cielo y cayeran ahí en la agencia. Como si por obra y gracia de Dios descendieron de entre las nubes y cayeran allí”, en aparente referencia a contrataciones y nombramientos otorgados como favores políticos.
El exfiscal Osvaldo Carlo dijo a Metro que para poder encauzar exitosamente un proceso penal contra ambos exfuncionarios sería necesario constatar qué personas participaban de la actividad, si esta se realizó en una instalación pública y si ocurrió en horas laborables.
Aunque se desconoce la fecha exacta en la que Llerandi y Sánchez realizaron las expresiones, se presume que fue luego de que el segundo renunció a su cargo en la JCF, por lo que ya había dejado de ser un funcionario del Gobierno.
Sin embargo, ambos abogados consultados por Metro coincidieron en que ese detalle no lo eximiría de responsabilidad legal.
La defensa de las horas laborables
En julio, cuando trascendieron unas grabaciones en las que Llerandi también parece presionar a empleados y contratistas gubernamentales a colaborar con actividades político partidistas, el entonces secretario de la Gobernación alegó que se habían producido fuera de horas laborables.
Carlo sostuvo que, incluso si ese fuera el caso, Llerandi no quedaría inmune a un proceso legal en su contra si, en efecto, intentó presionar a empleados o contratistas públicos.
“Hay funcionarios públicos que lo son de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p.m. Pero otros, como Llerandi, por su posición, son funcionarios 24-7, así que no puede escudarse en (el argumento) de las horas laborables”, señaló Hernández.
