Aunque se espera que el síndico que supervisará el manejo de fondos federales en el Departamento de Educación entre en funciones en febrero de 2020, el secretario Eligio Hernández no pudo precisar qué porción de los más de $1,500 millones que la agencia recibe del gobierno estadounidense quedarán bajo la jurisdicción de la entidad independiente.
Hernández indicó que la función del síndico se limitará a supervisar el uso de los fondos correspondientes al Every Student Succeeds Act (ESSA). Sin embargo, el secretario rechazó especificar cuánto dinero recibe el Departamento de Educación producto de esta partida.
“Solamente van a estar limitados a (fondos) asociados a la ley elemental y secundaria, según enmendadas por la Ley ESSA. Son fondos para educación elemental y secundaria. Aquello que vaya dirigido a parte nutricional, o a parte de prevención o nivel postsecundario no va a tener ningún impacto”, dijo Hernández.
El funcionario agregó que el Departamento de Educación estadounidense (USDE) les exigió que el proceso para seleccionar el síndico fuera uno competitivo, razón por la cual Hernández asegura que nunca sostuvo conversaciones con la Junta de Control Fiscal (JCF) para que esta asumiera el rol, como llegó a proponer públicamente.
Según Hernández, la JCF tendría que competir con los demás licitadores si aspiraran a convertirse en el síndico.
Al momento, la búsqueda del síndico se encuentra en la fase de solicitud de propuestas (RFP, en inglés) y Hernández evitó responder a cuánto debe ascender la compensación para la entidad contratada, aunque aseguró que se podrán utilizar fondos federales para sufragar ese gasto.
“(USDE) indicaron que va a haber una posibilidad y una permisibilidad en el uso de fondos federales para contratación. La legislación federal establece una asignaciones que dependen de diversas variables. Tenemos fondos que son por fórmula, (calculando) estudiantes bajo nivel de pobreza. Tenemos fondos que son asignados por (cantidad de) estudiantes matriculados en el sistema educativo. Tenemos unos fondos que bajan en bloque y así sucesivamente. Existe lo que se llama una distribución de fondos que establece los requisitos de ley y conforme a esa distribución de fondos en términos de requisitos de ley ellos han identificado que (el síndico) puede ser subvencionado a través de diferentes títulos federales”, argumentó Hernández.
Secretividad con dos peticiones de reasignación
Por otro lado, el secretario señaló que aguardan por la aprobación de la JCF para dos solicitudes de reasignación de fondos. El mes pasado, la JCF aprobó una transferencia interna de $50 millones al programa de Educación Especial, la cual, según Hernández, permitiría la continuidad de los servicios hasta enero.
Antes de esa reasignación, el Departamento de Educación había calculado que necesitaba $123 millones adicionales para sostener el componente de Educación Especial, ante la congelación de las partidas federales.
Sin embargo, Hernández se negó a revelar a cuánto ascienden las peticiones de reasignación hasta tanto la JCF pase juicio sobre las respectivas solicitudes.
“No quiero entrar en una cifra en particular. Vamos a esperar, al igual que se sometió este planteamiento (cuando) $50 millones fueron autorizados, una vez tengamos la respuesta de la Junta de Supervisión Fiscal, estaremos compartiendo la cifra”, se limitó a decir Hernández.
“Lo estamos cogiendo de forma paralela y el resultado de ese plan va a ser compartido con ustedes”, argumentó Hernández ante la insistencia de la prensa.
No obstante, un portavoz de la JCF detalló que ya se encuentra bajo evaluación una reasignación de $59 millones, de los cuales $6 millones serían dirigidos a Educación Especial. La segunda solicitud, en tanto, aún no ha sido tramitada desde la Oficina de Gerencia y Presupuesto, informó el ente fiscal.
