A medida que la contracción económica de la isla continúe, como consecuencia de las medidas de austeridad, más familiares dependerán financieramente de sus padres o abuelos.
Así lo expresó el director de AARP en Puerto Rico, José Acarón durante la presentación de la Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores, dirigida a atajar los casos de fraude en la población adulta del país.
“En Puerto Rico, cultural y socialmente, los adultos mayores son objeto de infravaloración o minimización de sus capacidades, lo cual resulta en que se pretenda cuestionar y controlar sus decisiones”, manifestó Acarón, quien avaló la medida radicada por el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos.
“Esta conducta negativa, en el contexto de la crisis económica, está resultando en un alza en los casos de explotación financiera”, agregó Acarón.
La resolución define la explotación financiera como uso no autorizado o inapropiado de los activos económicos del adulto mayor a través de retiros irregulares o atípicos de transacciones de bancos, cambios súbitos en la posición de un testamento. Además, establece un protocolo de colaboración y coordinación interagencial, que sería desarrollado por la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA). Dicha entidad reveló que durante el 2016, cinco entidades bancarias realizaron más de 1,700 referidos sobre posibles casos de explotación financiera.
Hasta abril de 2017, los bancos habían reportado alrededor de 500 posibles esquemas de fraude.
Tanto Acarón como Ríos coincidieron en que las personas mayores son eje de explotación financiera debido a que padecen de afecciones de pérdida cognitiva como alzhéimer y demencia. Ríos prevé que el proyecto será aprobado tan pronto como esta sesión ordinaria.
