En pleno pico de la crisis social y política que golpea a Bolivia, el gobierno transitorio y grupos movilizados afines al expresidente Evo Morales buscaban abrir negociaciones tras dos jornadas de protestas violentas.
El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, era esperado en la ciudad de Cochabamba, en el centro del país, que vivió dos días de violencia entre fuerzas seguridad del ejército y la policía con cocaleros del Chapare, bastión de Morales.
Hasta ahora, los esfuerzos para declarar una tregua no han dado resultados. Mediadores de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia católica buscan acercar a las partes.
Desde que estalló la crisis, al menos 23 personas han muerto y más de 700 fueron heridas según un informe del Defensor del Pueblo.
“No vayan a la confrontación hermanos, confíen en la Asamblea Legislativa. Estamos buscando una salida”, dijo con la voz entrecortada Sergio Choque, presidente de los diputados, y quien pertenece a la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales que controla la mayoría.
La presidenta interina Jeanine Áñez no ha logrado frenar la confrontación callejera. Un polémico decreto suyo que exime de responsabilidad penal a los militares que apoyan las tareas de seguridad interna fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que además ha señalado que hubo uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de manifestantes en Cochabamba.
El decreto “no es una licencia para matar”, replicó el ministro Justiniano.
La crisis estalló al día siguiente de las elecciones del 20 de octubre. Primero fueron protestas en las ciudades en contra de Morales, al que acusaron de montar un fraude electoral para reelegirse a un cuarto mandato. Tras la renuncia del mandatario el pasado domingo, ahora son sus seguidores que están movilizados en las calles y han bloqueado carreteras en contra de Áñez y para pedir al regreso de Morales.
Desde México, donde se halla asilado, Morales ha llamado a sus bases a movilizarse, lo que llevó al gobierno a plantear un reclamo al Ejecutivo mexicano.
Las protestas obligaron a Morales a dimitir aduciendo golpe de Estado tras perder apoyo de la policía y de las fuerzas armadas después que una auditoria electoral de la OEA recomendara repetir los comicios tras comprobar irregularidades y falta de transparencia.
Los cortes de carretera están provocando escasez de combustibles y alimentos en las ciudades, principalmente a La Paz, donde se amontona la basura en las calles. Los mercados están desabastecidos mientras frutas y verduras se pudren en las regiones productoras, según diversos testimonios.
“Estamos viendo el fin de un ciclo político que duro casi 14 años (gobierno de Morales) que está provocando incertidumbre y desorden y la transición podría prologarse hasta que emerja un nuevo proyecto político”, según el profesor de ciencias políticas en Bolivia, Marcelo Silva.
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