El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió reinstalar las protecciones de reservas naturales que incluyen 7,420 cuerdas de terreno, que habían sido eliminadas por la administración de Ricardo Rosselló.
De acuerdo con la decisión unánime de los togados, la Junta de Planificación violó la ley al dejar sin efecto siete resoluciones para proteger varias reservas naturales a lo largo de la isla.
A raíz de la decisión del más alto foro judicial del país, se protege el uso de terreno de las más de siete mil cuerdas, además de 10,000 cuerdas de componente marino y 17,300 cuerdas de reserva agrícola.
Las reservas naturales nuevamente protegidas son punta Cabullones, en Ponce; punta Petrona, en Santa Isabel; punta Guilarte, en Arroyo; el humedal Playa Lucía, en Yabucoa; Mar Chiquita, en Manatí; finca Nolla, en Camuy; y río Camuy, en Hatillo y Camuy.
Los demandantes del caso son Sierra Club, Toabajeños en Defensa del Ambiente y el Comité Sociocultural Comunitario Arizona San Felipe de Arroyo.
“Surge del expediente que la Junta de Planificación no cumplió con ninguno de los requisitos para la aprobación de reglamentos, pues no notificó al público de su intención de revocar la reglamentación ni proveyó oportunidad alguna de participación ciudadana”, incluidas vistas públicas, establece la decisión.
Bajo Rosselló, la Junta de Planificación había alegado que no tenían que seguir los requisitos de ley para revocar las reglamentaciones.
