La gobernadora Wanda Vázquez reveló anoche que referirá al Departamento de Justicia el contrato de arrendamiento que abriría la puerta a la construcción de un hotel en el Asilo de Beneficencia, edificio que por décadas ha servido de sede al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).
“Ante las interrogantes que se han planteado sobre las circunstancias en las que se firmó el contrato, solicité al Departamento de Justicia que evalúe la forma y manera en que se llevó a cabo el proceso de otorgación del mismo y sobre todo que éstas representen los mejores intereses del ICP y del pueblo puertorriqueño”, sostuvo la primera ejecutiva en declaraciones escritas a Metro.
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Según las declaraciones, una vez concluya la investigación se tomaría una decisión sobre el futuro del edificio.
La semana pasada, la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, dijo a Metro que la administración se encontraba evaluando el contrato, y que en algún momento de esta semana ofrecería una recomendación a Vázquez.
Esta tarde, cerca de un centenar de personas marcharon por el Viejo San Juan en repudio al contrato de arrendamiento, que cedería el edificio por un plazo de 40 años, con la opción de extenderlo en dos ocasiones adicionales por 10 años.
Mientras el grupo se encontraba congregado frente a la instalación del ICP, antes de partir hacia La Fortaleza, el representante independentista Denis Márquez anunció que había presentado una resolución para investigar el contrato que la Autoridad de Tierras acordó con la empresa Gran Hotel San Felipe del Morro, en diciembre de 2016, a tres días de que culminara la administración de Alejandro García Padilla.
“El contrato habla de que es un arrendamiento de 40 años en primer término, y luego dos posibles arrendamientos de 10 años (cada uno). 60 años realmente es vender un patrimonio nacional, que se vendió a oscuras del país, Nosotros tenemos que investigar este contrato, este atentado contra el patrimonio nacional de Puerto Rico”, dijo el legislador pipiolo.
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Márquez indicó que espera que su resolución sea atendida una vez comience en enero la próxima sesión legislativa.
“Es bien difícil explicarle lo intangible a quien no quiere oír. Aquí (en el ICP) se establece la política pública cultural del país, no es cualquier cosa. El ICP, desde su fundación en 1955, ha tenido esa labor y ha tenido esa persistencia en todos los momentos históricos”, manifestó por su parte el director de patrimonio cultural de la dependencia, Pablo Ojeda.
De acuerdo con el documento que concreta la transacción entre el gobierno la compañía, el Asilo de Beneficencia se convertiría en un hotel con hasta 53 habitaciones.
Una búsqueda de este medio constató que, en los documentos de transición posterior a las elecciones de 2016 no se hace referencia al contrato de arrendamiento.
